Ricardo Jiménez A.
“El primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Lima, José Mario Mongilardi, destacó los acuerdos alcanzados en la VIIICumbre
de la Alianza Pacífico dijo que los empresarios que participaron en la cumbre…
están ‘gratamente sorprendidos’ por la velocidad con que se llegaron a acuerdos
que facilitaron la integración de Perú, Chile, México y Colombia para las
exportaciones. ‘Hay que destacar la labor de los ministros y el presidente
Ollanta Humala que, en tiempo récord, tratándose de acuerdos internacionales,
han llegado a concretarse satisfactoriamente’, indicó a la agencia Andina”.
Esta cita textual, tomada de la edición web del 24 de mayo
de 2013 del Diario de economía y negocios peruano Gestión, muestra más allá de
toda duda a quién exactamente está destinada y beneficia la Alianza del
Pacífico: los altos sectores empresariales exportadores, y a quiénes deja fuera
y excluye flagrantemente: las mayorías de ciudadanos de a pié.
Según los informes oficiales y públicos, en la reciente
reunión de la Alianza en Colombia no hubo espacio, ni “velocidad”, ni “tiempo
récord”,para los “acuerdos internacionales” referidos a los cientos de miles de
ciudadanos de los países de la Alianza que residen y trabajan en otro de los
países, los migrantes. Es el caso de Perú con cerca de 200 mil ciudadanos en
Chile, ambos países miembros de la Alianza, a los que el estado chileno no
aplica el Acuerdo de Residencia de MERCOSUR ampliado.
El Acuerdo es la más avanzada medida de integración para los
ciudadanos de Suramérica, garantizando derechos de residencia a los migrantes
entre sus países. Chile y Perú lo han refrendado legalmente, pero Chile no lo
aplica, ni muestra intención alguna de hacerlo a los peruanos, aunque en Perú
sí se aplica ya a los chilenos.
Nos preguntamos por qué el gobierno peruano no muestra
aunque sea una mínima fracción del entusiasmo que obsequia a los intereses de
los altos empresarios exportadores para defender también los intereses de sus
cientos de miles de ciudadanos en Chile (y sus familiares en Perú que se
beneficiarán también de esa política), y por qué el gobierno chileno que desde
la Alianza del Pacífico pregona una “integración profunda” parece incapaz de
incluir a las grandes mayorías de ciudadanos en esa “profundidad”.
Resulta impresentable que una propuesta de integración haga
ostentación del beneficio a los sectores más privilegiados de la sociedad,
mientras los países que la integran cuentan con cientos de miles de sus
ciudadanos sufriendo el incumplimiento de normas que garantizan sus derechos.
En todo caso, al menos es bueno que se haga evidente a quienes están destinados
o no los proyectos de integración hoy en juego en nuestra región. Saberlo es ya
un paso importante.
