Chile puede perder en La Haya pero comprar Petroperú

Parece un chiste, pero no lo es. El congreso peruano acaba de aprobar una ley, N° 3062, que desnacionaliza una de las principales riquezas del país: el petróleo. El artículo 3 de esa ley permite vender la propiedad de hasta el 49% de Petroperú, la empresa estatal nacional del petróleo, a capitales extranjeros, incluso estatales, por ejemplo de Chile, con quien en el mismo momento se tiene un diferendo marítimo limítrofe en la Corte Internacional de La Haya.

Pero eso no es todo. Chile, literalmente, podría también obtener los beneficios de la industrialización del petróleo peruano, con más y mejor empleo, desarrollo técnico y valor agregado. El artículo 6 de la misma ley impide expresamente que la empresa estatal nacional, o sea el Perú, pueda desarrollar y beneficiarse de esa industrialización, entregándola a manos privadas y extranjeras.

Si hasta ahí parece un chiste, lea todavía esto: la mayoría del congreso, y el gobierno, que han impuesto esta ley  dicen llamarse “nacionalistas”. 

En octubre de 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado nacionalizó esta empresa petrolera, entonces en manos de capitales trasnacionales norteamericanos. Para ello ocupó militarmente las instalaciones petroleras de Talara. Ahora, 45 años después, se produce esta desnacionalización teniendo como escenario la misma Talara, cuya modernización es el objeto de la ley 3062.

En el año 68, la nacionalización significó una dura lucha del país y en especial de los trabajadores y técnicos  petroleros peruanos que debieron superar los bloqueos, sabotajes y amenazas de los poderes petroleros privados mundiales, para finalmente salir airosos y operar eficientemente conservando aquella riqueza para el Perú. A los congresistas oficialistas les tomó sólo unas horas y una firma para terminar con ese legado.

 

Mientras la joven congresista por Cusco, Verónika Mendoza, presentaba una moción de su bancada, Frente Amplio Acción Popular, para discutir de forma separada estos dos artículos, la señal del canal de televisión del Congreso dejó, causalmente, de trasmitir.   

Ahora, se preparan actividades para lograr una iniciativa ciudadana que termine forzando al congreso a derogar estos dos artículos. Está por verse si este movimiento nacional y ciudadano tiene éxito. Por ahora, es un hecho que Chile podría perder en el inminente fallo bilateral en la Corte de La Haya, pero bien puede comprar Petroperú.

Algo así como si todavía siguiera ganando la guerra del Pacífico, al igual que en el pasado, no tanto por sus propios méritos, sino más por la conducta de la clase dirigente peruana.

CASO LÓPEZ MENESES A “EL VALOR DE LA VERDAD”

Una de las paradojas más notables del Perú neoliberal actual. Mientras buena parte de la población limeña miraba con ojos redondos el programa de Televisión “El valor de la verdad”, donde a cambio de grandes cantidades de dinero una ex modelo de playboy peruana contó al país sus amoríos con un famoso futbolista casado, se cumplieron varias semanas desde que fuera denunciado a la opinión pública el escándalo de una enorme custodia policial ilegal a Oscar López Meneses, un oscuro operador de la mafia dictatorial fujimontesinista, y no hay ni la más mínima información que aclare el grave caso.

Los contribuyentes peruanos, que simplemente parecen no tener derecho a saber cómo y por qué se gastaba de esa manera ilegal el dinero público para proteger casi con rango presidencial a un reconocido mafioso y corrupto, tienen en cambio la compensación de conocer con detalle toda la verdad de las escabrosas infidelidades de modelos playboy y futbolistas.

“El valor de la verdad” con las revelaciones intimas de la modelo playboy arrasa en audiencia y cobertura“noticiosa” por parte de los demás medios, la mayoría en manos de los mismos pocos dueños. Encima, con el valor agregado pedagógico que pretende entregar el conductor del programa, quien con pose de seriedad y voz impostada le dice en algún momento a la modelo playboy: “es muy sabio lo que dices”.

Habrá que pensarlo como un intento de aportar a la educación del país, declarada como “clave” por el presidente de la república en su discurso público, aunque en la práctica mantiene inamovible el presupuesto para ella en apenas el 3% del PBI, uno de los más bajos de toda la región. También mantiene al canal nacional del estado, que podría ser perfectamente una ventana de aire puro educativo y cultural, reducido al triste y tradicional papel de medio publicitario del gobierno de turno.

“El valor de la verdad” es en esencia la continuidad remozada y actualizada de la “prensa chicha” creada por la dictadura fujimontesinista y su versión televisiva: los talk shows de Laura Bozo, que trajeron la banalidad y la indignidad como mecanismos de producción y reproducción activa de des-ciudadanización de la población. Ciertamente, fueron y siguen siendo el subsistema cultural necesario, imprescindible para sostener en la cabeza de la población el andamiaje económico y político neoliberal construido por la dictadura y aceitado, perfeccionado y administrado hasta hoy por todos los gobiernos posteriores, con la muy breve excepción del gobierno de transición de Paniagua.

El mérito del “valor de la verdad”en este sistema de cosas es que mata dos pájaros de un tiro. Recoge el valor ético de la verdad, pero lo saca de cuestiones públicas incómodas como el caso López Meneses y lo lleva al terreno de las más bajas pasiones e indignidades humanas. Y, más importante aún, identifica y subordina la búsqueda de la verdad al valor supremo y rector del actual Perú neoliberal: la obtención a cualquier precio de ganancia material individual; el “dios dinero”, como lo acaba de llamar el Papa Francisco.

En el caso López Meneses, el Gobierno aparece asombrosamente impotente para imponer la pronta y transparente búsqueda de respuestas en lo que se supone son sus subordinados de la policía y el ejército, los cuales se han dedicado públicamente a echarse culpas y denuestos entre sí, oscureciendo aún más la verdad. Para colmo, la insólita propuesta oficial de investigar el delito, no ahora cuando ha ocurrido sino en la década del 90’ en que inicia su carrera el mafioso ilegalmente custodiado, no puede sino fortalecer las acusaciones y sospechas de turbias relaciones del propio gobierno con el mafioso y sus redes.

Entonces, ¿por qué no asumir con realismo la situación y en vez de mantener el triste espectáculo de un Congreso que no logra formar una comisión investigadora, entregar la investigación del caso a “el valor de la verdad”?

En cualquier caso, la población ya no podría quedar más ignorante y confundida sobre los hechos, de lo que lo está ahora; ya no podrían ser más oscuras y más impunes las relaciones del poder político en el Perú actual; y ya no podrían ser más débiles las instituciones del estado.

En otras palabras, no hay nada que perder y siempre se puede ganar un poco más de la monopólica, bien rentada y entretenida libertad de expresión al estilo del Perú neoliberal.