A Chile le hace muy bien el fallo de La Haya

Chile es un país cuya oligarquía, desde el derrocamiento de O´Higgins, acérrimo patriota latinoamericanista, ha construido el país en torno a sus intereses patrimoniales a través de una política expansionista y de guerras de saqueo hacia otros pueblos: el pueblo Mapuche, y los pueblos de Perú y Bolivia. Incluyendo horrendos crímenes de las tropas chilenas, bien documentados por historiadores chilenos como Milton Godoy para el caso de Perú y José Bengoa y Sergio Grez para el caso del pueblo Mapuche. El pueblo, forzado (literalmente, a veces borrachos en cantinas despertaban en los trenes rumbo a los frentes de guerra), envenenado por la demagogia chovinista o con profundos atrasos de conciencia debido a la ignorancia, era movido como instrumento de esta política.

Por cierto, cuando este pueblo en apenas tres ocasiones a lo largo de su historia puso en el gobierno presidentes auténticamente patriotas, es decir, que no se movían por los intereses  de la oligarquía y que no eran de su gusto, simplemente también les declaró la guerra y los derrocó: Bernardo O´Higgins, José Manuel Balmaceda y Salvador Allende. Como para dejar claro que para la ellos la patria no son más que sus intereses y sus negocios.  

En los tres casos, Mapuche, Perú y Bolivia, no se trató de disputas sobre límites difusos heredados de la administración colonial española, caso muy común en toda Suramérica, sino de territorios que claramente, legal y legítimamente, eran indiscutiblemente de sus originales países, y que Chile por el único expediente de la fuerza bruta se los arrebató y anexó. Esto hace poco más de un siglo.

Desde entonces, ese mismo estado oligárquico y su clase política dirigente se ha empeñado ferozmente en mantener un discurso chovinista y prepotente hacia esos pueblos hace poco agredidos y envenenar con él  la población chilena, al tiempo que la mantiene en la ignorancia, rebajándola ética e intelectualmente. Un hecho que evidencia este proceso es la circulación en estos días de un “meme” por internet en que aparece el ex dictador chileno Pinochet diciendo que si él estuviera en La Haya, discutiría  si entregar o no Lima. No sólo una apelación a los más bajos anti valores humanos, sino una gran ignorancia por parte de quienes lo circulan de un hecho histórico y público, que es justamente el ex dictador el que, por diversas circunstancias muy específicas, ha estado hasta ahora más cerca de devolver una salida al mar a Bolivia a través de actual territorio chileno, lo que propuso  en 1975.  

Sobre ese discurso, y por haber tomado la opción de servir a los intereses de los poderes fácticos foráneos, la clase dirigente chilena se ha puesto de espaldas a toda la región suramericana, integrando la infame Alianza del Pacífico junto a los otros dos últimos reductos neoliberales: Colombia y Perú, opuestos a los procesos de cambio hacia la soberanía, la justicia social y la integración continental que recorren y avanzan en todos los países de la región.  

Por eso,  a Chile, al pueblo chileno e incluso a esa clase dirigente, le hace muy bien el fallo de La Haya, pues representa la única forma, a golpes, dolorosa, en que han querido aprender una verdad objetiva: que ya no pueden seguir de espaldas y en contra del continente. Aunque sea a regañadientes han de formar parte de un continente unido, soberano y justo, y para eso se necesita resolver los temas pendientes.

Para el pueblo chileno, representa la oportunidad de romper las cadenas de la ignorancia y la manipulación demagógica, para empezar a pensar de verdad una Patria, es decir, justa, soberana e integrada continentalmente.

Las fuerzas progresistas chilenas deben comprender que esto es una cuestión fundamental, programática y ética, que no puede ser relativizada o abandonada, sin perder la esencia de lo que se busca construir, sin rebajarse al chovinismo y a la subordinación ideológica a la oligarquía.  Felizmente, como hemos presenciado estos días, esto ya está ocurriendo. Ciudadanos y fuerzas sociales y políticas chilenas se han manifestado, pública y activamente, contra el chovinismo, y cada vez son más y más fuertes.

Patria es cada vez menos la ignorancia y el chovinismo que busca ocultar la verdad histórica y los intereses espurios de unos cuántos, y cada vez más verdad histórica, unidad continental con bien común, soberanía y justicia para las inmensas mayorías.  Por eso, el fallo de La haya le hace muy bien a Chile.
 

 

  

Perú declara guerra, no a Chile, sino a los peruanos

Mañana miércoles 22 de enero, a las 6 de la tarde, habrá un plantón en Plaza San Martín en el centro de Lima. A sólo 6 días del fallo por el diferendo limítrofe chileno peruano en la Corte Internacional de la Haya, podría pensarse que ese es el tema de la convocatoria. Pero no.

El plantón es en rechazo a la denominada “Ley de impunidad”, N° 30151, promulgada recientemente, que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, eximiendo de responsabilidad penal a policías y militares que en cumplimiento de su deber causen muertes o lesiones. La ley ya ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos y parece muy probable que tarde o temprano terminará arrastrando al Perú a enfrentar denuncias en cortes internacionales de las que es parte.

¿Cómo explicarse una Ley semejante en el mismo momento en que se llama públicamente a la unidad de los peruanos frente al fallo de La Haya? Evidentemente, tiene que ver con el hecho de que el actual gobierno y el anterior se han caracterizado por una creciente presencia de conflictos sociales con resultado de numerosas muertes de manifestantes por parte de la represión policial.

Hoy al igual que ayer, el Perú oficial se muestra más inclinado a declarar la guerra a su propio pueblo que a abandonar la denominada "política de cuerdas separadas", obsequiosa con los negocios del vecino que le arrebató parte importante de su territorio.

 

“CONSTITUCIÓN DE 2005”, ¿TROPEZAR DE NUEVO CON LA MISMA PIEDRA?

"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Tenemos hoy por fin una Constitución democrática”

Ricardo Lagos

Más allá de los balances que puedan o no hacerse del gobierno del ex presidente chileno Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006, un hecho indiscutible es el absoluto fracaso de su pretendida “nueva” constitución, pactada en el congreso entre la concertación y la derecha pinochetista.

 

A pesar de la millonaria propaganda televisiva, que repetía hasta al cansancio la firma del presidente reemplazando la del ex dictador Pinochet en el texto, y las 58 reformas que eliminaban algunos de los más antidemocráticos de sus preceptos, no sólo no logró convencer al país y al mundo de que se trataba de un cambio de Constitución, sino que en la actualidad, a apenas ocho años de distancia, la inmensa mayoría de los chilenos ya ni siquiera recuerda lo que a Lagos le pareció en su momento un acto de refundación institucional.


Hoy, más que ayer, crece en Chile la demanda de terminar con la desprestigiada constitución de Pinochet. Ha sido uno de los temas claves de las recientes elecciones y, aunque fragmentadas, las fuerzas que la exigen, incluyendo a buena parte de las de la electa Presidenta Bachelet, suman en conjunto una clara mayoría. Eso, sin considerar a la mitad del electorado que no votó, justamente, por el desprestigio institucional de la política, que emana antes que nada de esa misma constitución pinochetista.   

 

Bachelet ha ganado mayoría en el congreso pero no la suficiente para reformas profundas. La misma constitución pinochetista (o “laguista”, si se quiere) lo hace imposible con mínimos inalcanzables. Ni hablar de Asamblea Constituyente, no existe tal posibilidad.

 

Por eso, importantes y crecientes sectores sociales y políticos han planteado públicamente una salida posible, un camino que impone la voluntad política de democratizar por encima de la camisa de fuerza dictatorial que representa la institucionalidad heredada.

 

Proponen que la presidenta de la república llame a un plebiscito no vinculante para que la Nación soberana se pronuncie al respecto. Aunque no sería vinculante, es decir obligatorio, de todos modos, con un resultado favorable, y eventualmente con movilización social de respaldo, se presionaría al congreso y las fuerzas conservadoras en él para convocar a una Asamblea Constituyente que genere un auténticamente nuevo y legitimado texto constitucional.

 

Sin embargo, la presidenta electa y su coalición muestra discrepancias, indecisiones e inercias muy fuertes al respecto, y a ratos parece inclinarse por desechar esa opción democratizadora y recorrer otra vez el mismo camino del ex presidente Lagos, el de las reformas parciales pactadas con el pinochetismo entre las cuatro paredes del congreso.

 

Algo así como poner su firma en el texto constitucional pinochetista, sobre la firma de Lagos, e intentar como él convencer al país y al mundo de que se trata de uno nuevo y democrático.

 

¿Estará la ciudadanía hoy más dispuesta que ayer a una operación semejante? ¿No será más bien un camino seguro a tropezar de nuevo y con la misma piedra?