“CONSTITUCIÓN DE 2005”, ¿TROPEZAR DE NUEVO CON LA MISMA PIEDRA?

"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Tenemos hoy por fin una Constitución democrática”

Ricardo Lagos

Más allá de los balances que puedan o no hacerse del gobierno del ex presidente chileno Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006, un hecho indiscutible es el absoluto fracaso de su pretendida “nueva” constitución, pactada en el congreso entre la concertación y la derecha pinochetista.

 

A pesar de la millonaria propaganda televisiva, que repetía hasta al cansancio la firma del presidente reemplazando la del ex dictador Pinochet en el texto, y las 58 reformas que eliminaban algunos de los más antidemocráticos de sus preceptos, no sólo no logró convencer al país y al mundo de que se trataba de un cambio de Constitución, sino que en la actualidad, a apenas ocho años de distancia, la inmensa mayoría de los chilenos ya ni siquiera recuerda lo que a Lagos le pareció en su momento un acto de refundación institucional.


Hoy, más que ayer, crece en Chile la demanda de terminar con la desprestigiada constitución de Pinochet. Ha sido uno de los temas claves de las recientes elecciones y, aunque fragmentadas, las fuerzas que la exigen, incluyendo a buena parte de las de la electa Presidenta Bachelet, suman en conjunto una clara mayoría. Eso, sin considerar a la mitad del electorado que no votó, justamente, por el desprestigio institucional de la política, que emana antes que nada de esa misma constitución pinochetista.   

 

Bachelet ha ganado mayoría en el congreso pero no la suficiente para reformas profundas. La misma constitución pinochetista (o “laguista”, si se quiere) lo hace imposible con mínimos inalcanzables. Ni hablar de Asamblea Constituyente, no existe tal posibilidad.

 

Por eso, importantes y crecientes sectores sociales y políticos han planteado públicamente una salida posible, un camino que impone la voluntad política de democratizar por encima de la camisa de fuerza dictatorial que representa la institucionalidad heredada.

 

Proponen que la presidenta de la república llame a un plebiscito no vinculante para que la Nación soberana se pronuncie al respecto. Aunque no sería vinculante, es decir obligatorio, de todos modos, con un resultado favorable, y eventualmente con movilización social de respaldo, se presionaría al congreso y las fuerzas conservadoras en él para convocar a una Asamblea Constituyente que genere un auténticamente nuevo y legitimado texto constitucional.

 

Sin embargo, la presidenta electa y su coalición muestra discrepancias, indecisiones e inercias muy fuertes al respecto, y a ratos parece inclinarse por desechar esa opción democratizadora y recorrer otra vez el mismo camino del ex presidente Lagos, el de las reformas parciales pactadas con el pinochetismo entre las cuatro paredes del congreso.

 

Algo así como poner su firma en el texto constitucional pinochetista, sobre la firma de Lagos, e intentar como él convencer al país y al mundo de que se trata de uno nuevo y democrático.

 

¿Estará la ciudadanía hoy más dispuesta que ayer a una operación semejante? ¿No será más bien un camino seguro a tropezar de nuevo y con la misma piedra?