El gobierno de Perú,
país anfitrión de la próxima vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio
climático COP20, a realizarse en diciembre de este año, no ha sentido la
necesidad de guardar aunque sea mínimas apariencias de responsabilidad
ambiental ante esta cita histórica que le toca organizar y hace unos días ha
presentado públicamente un paquete de medidas que debilitan la incipiente
institucionalidad ambiental y permiten mayores niveles de contaminación del
medio ambiente, violando de paso normativas internacionales y nacionales que
obligan al estado peruano.
Como en los tiempos de
la época colonial, en que los pueblos originarios compartieron la suerte de la
naturaleza, sufriendo igual explotación y saqueo, el gobierno ha argumentado
estas medidas bajo el eufemismo de “flexibilización ambiental” para incentivar
las inversiones, de manera idéntica a la “flexibilización” laboral que
argumenta para anular derechos a los trabajadores.
Más allá de los
eufemismos y los discursos políticamente correctos, el mensaje es inequívoco.
La preocupación ambiental es un decorado aceptado de mala gana, que el gobierno
considera de suyo opuesto al crecimiento económico, el cual a su vez se erige
como verdad incuestionable, que se busca legitimar además como solución a la
pobreza, a pesar de los datos de la realidad, tan paradojales como las medidas
del anfitrión de la próxima COP.
En el año 2013, el Perú
tuvo un crecimiento macroeconómico de 5,2%, con el cuarto lugar entre más de
treinta países latinoamericanos (CEPAL, 2014). Contradictoriamente, según
propias cifras oficiales del INEI, este mismo año la pobreza aumentó -sí, leyó
bien, aumentó- en ocho regiones del país.
Cajamarca, una de las
más emblemáticas de entre muchas con graves y persistentes conflictos
ambientales, que incluyen varios ciudadanos muertos por la represión policial
durante este gobierno, es la más empobrecida del país, a pesar y en contra del
discurso oficial de la inversión y el crecimiento, ya que es en esa misma exacta
región donde la cuestionada minera Yanacocha lleva más de diez años “invirtiendo”.
No cuesta mucho
adivinar que probablemente veamos aumentar los conflictos sociales a futuro en
el Perú. Más desalentador aún, es que el Perú oficial, desde su lugar de
anfitrión de la COP20, haya dado este objetivo golpe de debilitamiento a los ya
de por sí difíciles resultados que la humanidad necesita y espera de la
Conferencia.
En ese mar de
paradojas, resulta triste, pero también de lo más lógico, reconocer la realidad
de que el Perú no avanza, sino que literalmente retrocede, hacia la COP20.
Ricardo Jimenez A.
