CONGRESO A PUNTO DE ARCHIVAR UNA VEZ MÁS DERECHOS DE PERUANOS EN EL EXTERIOR

Mañana lunes 24 de junio en la mañana la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú se apresta a archivar una vez más el derecho de los peruanos y peruanas en el exterior a elegir sus propios representantes en ese poder legislativo.

A pesar de que fue una promesa electoral pública del actual presidente de la república, Ollanta Humala, su bancada oficialista en el Congreso en su mayoría se ha opuesto a aprobar el proyecto de ley.

A pesar de que todos los partidos políticos sin excepción crean comandos electorales en el exterior y van a pedirles su importante voto a la hora de las elecciones generales, conscientes de que es un electorado creciente, que ya en las elecciones presidenciales de 2006 definió a uno de los competidores de segunda vuelta y que hoy alcanza alrededor de 800 mil votantes, el 3,8% del total del país, equivalente a Arequipa y Cajamarca que eligen cada una a seis congresistas, y mayor a otras 14 circunscripciones electorales del Perú.   

A pesar de que diversas instancias del estado, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Parlamento Andino, se han pronunciado pública y formalmente en el sentido de que debe garantizárseles este derecho.

A pesar de que sus remesas enviadas al Perú pagan por IGV, directamente al estado, 500 millones de dólares cada año, ayudando a pagar los sueldos y gollerías de las y los congresistas que ahora, una vez, se preparan a darles con la puerta en la cara, como ha ocurrido con otros 10 proyectos de ley similares en la última década.  

A pesar de que la Constitución Política del país y numerosos Tratados internacionales que ha adoptado legalmente y obligan al Perú mandan que se les garantice estos derechos.

A pesar de que contar con congresistas de los emigrados es la tendencia de modernización institucional democrática que impone la globalización, existiendo éstos en Portugal desde 1976, Francia desde 1983, Croacia desde 1992, Italia desde 2001, Colombia desde 2001, Ecuador desde 2007 y se discute públicamente su creación en México, Argentina, Bolivia y muchos otros países.

Según cifras oficiales, son más de tres millones y medio de peruanos y peruanas que viven en el exterior, 200 mil emigran cada año actualmente y uno de cada dos jóvenes tiene la expectativa de emigrar. Tienen alrededor de tres millones de familiares directos viviendo en Perú. A todos ellos, el Congreso de la república les está a punto de negar una vez más sus derechos.

¿Puede haber una prueba más clara de la decadencia, inoperancia y crisis, de la indiferencia a las necesidades y derechos de las mayorías, por parte de este poder del estado?

¿No es ésta una prueba más de que en la práctica, de hecho, en el Perú actual, la ciudadanía activa, la movilización y la protesta, se vuelven casi la única vía para hacer valer  los legítimos derechos?    

 

Ricardo Jimenez A.

26 mil jóvenes voluntarios procesados por abandonar el Servicio Militar entre 2009 y 1013

26 000 jóvenes peruanos, que fueron voluntarios para realizar el Servicio Militar, lo abandonaron y fueron procesados por deserción en tribunales militares entre los años 2009 y 2013. 8 270 de estas requisitorias judiciales militares están vigentes el día de hoy. Así lo establecen informes oficiales de las Fuerzas Armadas entregados a la Defensoría del Pueblo y revelados en un Informe formalmente presentado por ésta al gobierno el 24 de mayo de 2013.

 

El Informe, por cierto, está centrado en demostrar de manera irrebatible, con todos los antecedentes legales, la inconstitucionalidad e ilegalidad de la nueva norma que pretende imponer el gobierno, por la cual jóvenes que no puedan pagar una multa de cerca de tres salarios mínimos mensuales, son forzados a realizar el Servicio Militar. Pero más allá de ello, resulta necesario preguntarse: ¿qué es lo que hace que jóvenes que decidieron ingresar al Servicio Militar por propia voluntad huyan luego desertado de él a pesar de sufrir requisitorias y sanciones por parte de tribunales militares?

 

Las causas son reveladoras y dejan al desnudo el desconocimiento o la mala fe del oficialismo que intenta presentar el Servicio Militar como la panacea social para los pobres. Confirmando los dichos públicos del presidente de la república de que “no hay plata” para pagar el salario mínimo mensual a los reclutas, que hoy reciben una propina de 256 soles, casi un tercio del salario mínimo mensual, varias de las razones muestran que tampoco hay plata para garantizar condiciones de vida mínimas de los jóvenes en los cuarteles: Insuficiencia de la propina para cubrir gastos mínimos, sobre todo ante problemas familiares. No pago de la propina, en algunos casos durante meses. Falta de pago o no reconocimiento de seguros de vida y de pensión, en caso de jóvenes muertos o mutilados en el servicio. Carencia de recursos y equipos militares, o en mal estado, incluyendo las zonas donde deben combatir con el narcotráfico. Falta de condiciones de descanso, higiene y salud mínimas en los cuarteles. Deficiencias en la alimentación en los cuarteles. Altamente llamativa es la causa de las “deudas” de los jóvenes con las “cantinas”, quioscos monopólicos al interior de los cuarteles, administrados en la mayoría de casos por los oficiales de los mismos.

 

Se suman a las causas económicas las referidas a violaciones de los derechos humanos de los jóvenes. Contrariando los argumentos oficialistas, el informe muestra que otras causas de esta masiva deserción obedecen a: Impedimento para iniciar o continuar estudios. Maltratos y agresiones psicológicas y físicas, recibidas como sanción o abusos por parte de soldados con mayor rango. Las que alcanzan un grado siniestro en la existencia de denuncias de familiares por muerte o desaparición de los jóvenes que no son debidamente informadas. Agregase a ellas, como no, denuncias por reclutamiento indebido, incluyendo el reclutamiento forzoso de menores de edad.

 

El Servicio militar aparece así como todo un síntoma y un símbolo del Perú neoliberal actual, violentamente injusto y desigual. Donde el crecimiento económico de la última década aparece como una burla a las inmensas mayorías de peruanos para los que el estado nunca tiene recursos a fin de garantizarles derechos laborales, salud, educación, seguridad y ahora un mínimo de condiciones a los jóvenes peruanos para servir militarmente a su país. Donde la única política invariable es que los pobres carguen con los sacrificios, mientras la minoría privilegiada vive del privilegio.

 

La última propuesta pública del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en el sentido de “repartir equitativamente” lo recaudado por las multas de los privilegiados que se libraron entre los pobres forzados a realizarlo, es completamente reveladora de ese concepto de país que guía al actual gobierno. Hay en ella un innegable desprecio clasista por la igualdad de derechos de todos, que es objetivamente ofensiva para la inmensa mayoría de padres y jóvenes peruanos, ¿o no?

 

Ricardo Jimenez A.

 

Ver Informe completo de la Defensoría del Pueblo en:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2013/informe-adjuntia-007-2013-DP-ADHPD.pdf

 

Argumentos del Servicio Militar Obligatorio en el Perú neoliberal

Detrás de las incoherencias y contradicciones con que se pretende defender y hasta hacer pasar por “beneficioso” el servicio militar obligatorio para los jóvenes pobres en Perú, lo que hay es el reconocimiento explícito y público, por parte del gobierno, de que se persiste en seguir manteniendo un país atravesado por la más violenta desigualdad y discriminación, es decir, un Perú neoliberal.

 

Para legitimar, sin hablar de él directamente, el pago de multa como mecanismo clasista para discriminar a los jóvenes, los neoliberales argumentan los muchos “beneficios” que tendrían los obligados al servicio militar. El más recurrente es la “posibilidad”, no la garantía, de acceder a becas de estudio, es decir, la promesa de que a lo mejor en el servicio militar obligatorio se podría tal vez llegar a estudiar. Argumento que sólo puede ser usado en un país cuya clase dirigente sin ninguna vergüenza niega el derecho a la educación a la inmensa mayoría de sus jóvenes, para luego decirles: “los hacemos pobres, somos incapaces, a pesar del bullado crecimiento económico, de garantizarles sus derechos a la educación, pero qué bueno que los obligamos al servicio militar porque a lo mejor ahí, tal vez tengan suerte y sí puedan estudiar”.

 

Con hipocresía o mediocridad intelectual, al mismo tiempo que se argumenta que “todos deben estar listos a defender la Patria”, simplemente se guarda silencio y no se explica por qué las minorías de jóvenes privilegiados, quienes pueden pagar cerca de tres salarios mínimos mensuales de multa, no deben cumplir con esa obligación de defensa.

 

Incoherente en el discurso, pero plenamente coherente en la práctica neoliberal. En un país donde la trasnacional Telefónica tiene el privilegio de esquilmar a todos los peruanos 5 mil millones de soles vía no pago de multas e impuestos, recibiendo encima el premio de la renovación del contrato por 19 años sin pagar un sol, “pagando” con inversiones futuras en su propio negocio, ¿no es lo más coherente que los hijos de los ejecutivos de Telefónica también tengan el privilegio de que no sea obligatorio para ellos un servicio militar que sí lo es para la mayoría de los hijos de peruanos?

 

¿Y dónde están los argumentadores de la “defensa de la Patria” para intentar legitimar el servicio militar obligatorio clasista cuando se firman contratos vende Patria como el de Telefónica?

 

Después de que llevan años gastando millones para meter en la cabeza de los peruanos que el Perú no es una Patria, sino una “Marca” comercial (que ellos administran por supuesto), ahora, de pronto y en la desesperación ante el rechazo de los jóvenes al clasismo discriminatorio del servicio militar, hablan de “Patria”, ¿y esperan que se les crea?

 

Después que llevan dos décadas argumentando que lo “responsable”, lo "no populista", de una economía de gobierno es no tener nunca recursos para garantizar derechos laborales, a salud, educación, seguridad de la población, pero sí para fomentar las millonarias utilidades de los grandes negocios; décadas diciendo que el estado “no debe intervenir” para garantizar esos derechos a su población, ahora, de un día para otro, resulta que el estado sí debe intervenir para que los jóvenes pobres sean los únicos obligados por ese mismo estado a dejar dos años de sus vidas encerrados en cuarteles militares y, quién sabe, tal vez hasta les toque salir a matar a otros pobres, como en el “Baguazo” o en "Conga".

 

¿Y encima deben estar contentos?

 

 

Ricardo Jimenez A