Mañana lunes 24
de junio en la mañana la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del
Perú se apresta a archivar una vez más el derecho de los peruanos y peruanas en
el exterior a elegir sus propios representantes en ese poder legislativo.
A pesar de que
fue una promesa electoral pública del actual presidente de la república, Ollanta
Humala, su bancada oficialista en el Congreso en su mayoría se ha opuesto a
aprobar el proyecto de ley.
A pesar de que
todos los partidos políticos sin excepción crean comandos electorales en el
exterior y van a pedirles su importante voto a la hora de las elecciones generales,
conscientes de que es un electorado creciente, que ya en las elecciones
presidenciales de 2006 definió a uno de los competidores de segunda vuelta y
que hoy alcanza alrededor de 800 mil votantes, el 3,8% del total del país,
equivalente a Arequipa y Cajamarca que eligen cada una a seis congresistas, y mayor
a otras 14 circunscripciones electorales del Perú.
A pesar de que
diversas instancias del estado, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos
Electorales – ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Parlamento Andino, se
han pronunciado pública y formalmente en el sentido de que debe garantizárseles este derecho.
A pesar de que
sus remesas enviadas al Perú pagan por IGV, directamente al estado, 500
millones de dólares cada año, ayudando a pagar los sueldos y gollerías de las y
los congresistas que ahora, una vez, se preparan a darles con la puerta en la
cara, como ha ocurrido con otros 10 proyectos de ley similares en la última década.
A pesar de que la
Constitución Política del país y numerosos Tratados internacionales que ha
adoptado legalmente y obligan al Perú mandan que se les garantice estos
derechos.
A pesar de que
contar con congresistas de los emigrados es la tendencia de modernización
institucional democrática que impone la globalización, existiendo éstos en Portugal
desde 1976, Francia desde 1983, Croacia desde 1992, Italia desde 2001, Colombia
desde 2001, Ecuador desde 2007 y se discute públicamente su creación en México,
Argentina, Bolivia y muchos otros países.
Según cifras
oficiales, son más de tres millones y medio de peruanos y peruanas que viven en
el exterior, 200 mil emigran cada año actualmente y uno de cada dos jóvenes
tiene la expectativa de emigrar. Tienen alrededor de tres millones de familiares
directos viviendo en Perú. A todos ellos, el Congreso de la república les está
a punto de negar una vez más sus derechos.
¿Puede haber una
prueba más clara de la decadencia, inoperancia y crisis, de la indiferencia a
las necesidades y derechos de las mayorías, por parte de este poder del estado?
¿No es ésta una
prueba más de que en la práctica, de hecho, en el Perú actual, la ciudadanía
activa, la movilización y la protesta, se vuelven casi la única vía para hacer
valer los legítimos derechos?
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