viernes, 21 de junio de 2013

26 mil jóvenes voluntarios procesados por abandonar el Servicio Militar entre 2009 y 1013

26 000 jóvenes peruanos, que fueron voluntarios para realizar el Servicio Militar, lo abandonaron y fueron procesados por deserción en tribunales militares entre los años 2009 y 2013. 8 270 de estas requisitorias judiciales militares están vigentes el día de hoy. Así lo establecen informes oficiales de las Fuerzas Armadas entregados a la Defensoría del Pueblo y revelados en un Informe formalmente presentado por ésta al gobierno el 24 de mayo de 2013.

 
El Informe, por cierto, está centrado en demostrar de manera irrebatible, con todos los antecedentes legales, la inconstitucionalidad e ilegalidad de la nueva norma que pretende imponer el gobierno, por la cual jóvenes que no puedan pagar una multa de cerca de tres salarios mínimos mensuales, son forzados a realizar el Servicio Militar. Pero más allá de ello, resulta necesario preguntarse: ¿qué es lo que hace que jóvenes que decidieron ingresar al Servicio Militar por propia voluntad huyan luego desertado de él a pesar de sufrir requisitorias y sanciones por parte de tribunales militares?

 
Las causas son reveladoras y dejan al desnudo el desconocimiento o la mala fe del oficialismo que intenta presentar el Servicio Militar como la panacea social para los pobres. Confirmando los dichos públicos del presidente de la república de que “no hay plata” para pagar el salario mínimo mensual a los reclutas, que hoy reciben una propina de 256 soles, casi un tercio del salario mínimo mensual, varias de las razones muestran que tampoco hay plata para garantizar condiciones de vida mínimas de los jóvenes en los cuarteles: Insuficiencia de la propina para cubrir gastos mínimos, sobre todo ante problemas familiares. No pago de la propina, en algunos casos durante meses. Falta de pago o no reconocimiento de seguros de vida y de pensión, en caso de jóvenes muertos o mutilados en el servicio. Carencia de recursos y equipos militares, o en mal estado, incluyendo las zonas donde deben combatir con el narcotráfico. Falta de condiciones de descanso, higiene y salud mínimas en los cuarteles. Deficiencias en la alimentación en los cuarteles. Altamente llamativa es la causa de las “deudas” de los jóvenes con las “cantinas”, quioscos monopólicos al interior de los cuarteles, administrados en la mayoría de casos por los oficiales de los mismos.

 
Se suman a las causas económicas las referidas a violaciones de los derechos humanos de los jóvenes. Contrariando los argumentos oficialistas, el informe muestra que otras causas de esta masiva deserción obedecen a: Impedimento para iniciar o continuar estudios. Maltratos y agresiones psicológicas y físicas, recibidas como sanción o abusos por parte de soldados con mayor rango. Las que alcanzan un grado siniestro en la existencia de denuncias de familiares por muerte o desaparición de los jóvenes que no son debidamente informadas. Agregase a ellas, como no, denuncias por reclutamiento indebido, incluyendo el reclutamiento forzoso de menores de edad.

 
El Servicio militar aparece así como todo un síntoma y un símbolo del Perú neoliberal actual, violentamente injusto y desigual. Donde el crecimiento económico de la última década aparece como una burla a las inmensas mayorías de peruanos para los que el estado nunca tiene recursos a fin de garantizarles derechos laborales, salud, educación, seguridad y ahora un mínimo de condiciones a los jóvenes peruanos para servir militarmente a su país. Donde la única política invariable es que los pobres carguen con los sacrificios, mientras la minoría privilegiada vive del privilegio.

 
La última propuesta pública del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en el sentido de “repartir equitativamente” lo recaudado por las multas de los privilegiados que se libraron entre los pobres forzados a realizarlo, es completamente reveladora de ese concepto de país que guía al actual gobierno. Hay en ella un innegable desprecio clasista por la igualdad de derechos de todos, que es objetivamente ofensiva para la inmensa mayoría de padres y jóvenes peruanos, ¿o no?

 
Ricardo Jimenez A.
 

Ver Informe completo de la Defensoría del Pueblo en:

 

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