domingo, 7 de julio de 2013

La muerte electoral de un gobierno


El 4 de julio recién pasado protestas multitudinarias sacudieron prácticamente todo el territorio del Perú, motivadas por legislaciones que avanzan en privatizar la educación superior y recortar derechos laborales de trabajadores públicos aún por debajo de los estándares  internacionales del siglo XX. Dos días después, tras dos años de silencio al respecto y casi 3 millones de soles gastados por su despacho de primera dama, la poderosa esposa del presidente, Nadine Heredia,  anuncia públicamente que no será candidata presidencial en las elecciones de 2016, sepultando objetivamente casi cualquier posibilidad real del nacionalismo de alcanzar nuevamente el gobierno en el próximo período.

En ese contexto, volvemos a entregar un artículo que escribiéramos hace exactamente un año, donde analizando los hechos de entonces proyectábamos un derrotero como el actual.

La muerte electoral de un gobierno
(06-07-2012)

El profuso uso en manifestaciones de un ataúd con el nombre del presidente, muestra no sólo la creatividad del descontento popular, sino que simboliza, trasmite y hace explícito un hecho objetivo: antes de un año de gobierno, éste ya ha muerto como lo que fue, una opción electoral de mayorías. Una mala noticia para las expectativas electorales de la pareja presidencial. También para quienes vieron en la salida en masa de los mejores cuadros intelectuales, técnicos y profesionales progresistas del gobierno la gran oportunidad de quedarse y trepar sin necesidad de otro mérito que la incondicionalidad a lo que sea que se haga.

Confundiendo pragmatismo con errores políticos fundamentales, han perdido irremediablemente la base electoral que los convirtió en alternativa política, no por el carisma de la pareja presidencial, como los zalameros con que han terminado rodeados les han hecho creer, sino porque representaban y supieron dar salida política al intento por encarar y buscar soluciones reales y sustentables a los profundos problemas y descontentos estructurales que plantea el actual modelo económico y político del país, caracterizado por su dependencia primario exportadora de recursos naturales, su centralismo limeño y su impronta autoritaria y represiva.

Asimismo, han perdido el apoyo electoral de centro que fue forzado por el apoyo activo de esa base electoral descontenta a entender esa necesidad estructural y buscar un camino no autoritario para dar una salida viable al país. Y que ve ahora que este gobierno es más incapaz aún que los anteriores para buscar otras respuestas que no sean la represión y la permanente crisis de los estados de emergencia. Finalmente, está muy claro que no han logrado ni de lejos conquistar la base electoral de la derecha en Lima, cuyos principales voceros: los monopolios mediáticos y sus representantes políticos, a pesar de que el gobierno les ha entregado en bandeja de plata la dirección de todos los asuntos y los puestos clave del estado, les echa públicamente en cara ser responsables de la crisis actual, ya que habrían exacerbado las expectativas con sus promesas electorales. Lo cual es objetivamente cierto, aunque no por las promesas electorales de la pareja, sino por la experiencia histórica y la consciencia de los pueblos de regiones y de las fuerzas progresistas de haber vencido a esos mismos monopolios mediáticos y representantes de la vieja elite política, haciendo valer la democracia para imponer una alternativa electoral distinta. Conjuntamente, los culpan y presionan, acusándolos de “blandos”, exigiendo todavía más mano dura y represión, en torno a la defensa cerrada del premier Valdés.

El absoluto desgaste del estado de emergencia, que se supone prohíbe reuniones, y de la represión desatada para disuadir por el terror el descontento masivo de la población, corre paralelo a este desgaste electoral, que ya hace unas semanas, con ocasión de un acto público por el cumpleaños del presidente Humala, mostró cómo, de la espontánea euforia popular de masas motivadas por el llamado histórico, programático, se pasa silenciosa pero significativamente a la vieja y tradicional “portátil”, que con recursos e incentivos estatales para facilitar el traslado y motivar la asistencia, logra acarrearse para la ocasión, tal cual todos los gobiernos anteriores desde la dictadura de Fujimori que patentó el mecanismo.

Lo que al gobierno anterior del APRA le tomó cinco años, para terminar, a pesar del uso de todos los recursos del estado en la campaña electoral, con apenas una mínima bancada, al límite legal de cinco congresistas (y según muchas versiones con una pequeña ayudita de la entidad electoral, ONPE), a la pareja presidencial le ha tomado apenas 8 meses, desde que dieron el auto golpe de estado programático, expulsaron a quienes diseñaron la propuesta de gobierno original, y pusieron al actual premier Oscar-estado de emergencia-Valdés a poner (des)orden.

Con suerte, si el desgaste no llega a niveles insostenibles, la pareja presidencial, aunando a quienes permanezcan como incondicionales (lo cual, como ya se ha hecho evidente, baja objetivamente el nivel de cuadros, discursos y propuestas que sean capaces de mostrar) y a un mínimo nuevo electorado (a estas alturas, esto depende de los errores que puedan cometer las opciones de derecha, de centro y progresistas y no de lo que pueda hacer la pareja presidencial), lograrán apenas un trocito de la torta política en las próximas elecciones, lo cual les permitirá una mínima existencia política entre la vieja elite, pero abrirá también una dinámica de conflictos entre quienes hayan sacrificado su imagen política a su lado con el norte de obtener a cambio algún ascenso en el estado, sin que se haya logrado entonces suficiente para todos.

Es una triste realidad para ellos, pero no más triste que la de los excluidos de siempre que hoy, por enésima vez, son impunemente asesinados, primero simbólicamente como “extremistas ideológicos… que deben atenerse a las consecuencias” (según el presidente del país), y después físicamente, como a “perros”, como grita, rebosante de impunidad, un policía a la población de Cajamarca.

 
Ricardo Jimenez A.

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