El 4 de julio
recién pasado protestas multitudinarias sacudieron prácticamente todo el
territorio del Perú, motivadas por legislaciones que avanzan en privatizar la
educación superior y recortar derechos laborales de trabajadores públicos aún
por debajo de los estándares internacionales
del siglo XX. Dos días después, tras dos años de silencio al respecto y casi 3
millones de soles gastados por su despacho de primera dama, la poderosa esposa
del presidente, Nadine Heredia, anuncia
públicamente que no será candidata presidencial en las elecciones de 2016,
sepultando objetivamente casi cualquier posibilidad real del nacionalismo de
alcanzar nuevamente el gobierno en el próximo período.
En ese contexto,
volvemos a entregar un artículo que escribiéramos hace exactamente un año,
donde analizando los hechos de entonces proyectábamos un derrotero como el
actual.
La muerte electoral de un gobierno
(06-07-2012)
El profuso uso en manifestaciones de un ataúd
con el nombre del presidente, muestra no sólo la creatividad del descontento
popular, sino que simboliza, trasmite y hace explícito un hecho objetivo: antes
de un año de gobierno, éste ya ha muerto como lo que fue, una opción electoral
de mayorías. Una mala noticia para las expectativas electorales de la pareja
presidencial. También para quienes vieron en la salida en masa de los mejores
cuadros intelectuales, técnicos y profesionales progresistas del gobierno la
gran oportunidad de quedarse y trepar sin necesidad de otro mérito que la
incondicionalidad a lo que sea que se haga.
Confundiendo pragmatismo con errores políticos
fundamentales, han perdido irremediablemente la base electoral que los
convirtió en alternativa política, no por el carisma de la pareja presidencial,
como los zalameros con que han terminado rodeados les han hecho creer, sino
porque representaban y supieron dar salida política al intento por encarar y
buscar soluciones reales y sustentables a los profundos problemas y
descontentos estructurales que plantea el actual modelo económico y político
del país, caracterizado por su dependencia primario exportadora de recursos
naturales, su centralismo limeño y su impronta autoritaria y represiva.
Asimismo, han perdido el apoyo electoral de
centro que fue forzado por el apoyo activo de esa base electoral descontenta a
entender esa necesidad estructural y buscar un camino no autoritario para dar
una salida viable al país. Y que ve ahora que este gobierno es más incapaz aún
que los anteriores para buscar otras respuestas que no sean la represión y la
permanente crisis de los estados de emergencia. Finalmente, está muy claro que
no han logrado ni de lejos conquistar la base electoral de la derecha en Lima,
cuyos principales voceros: los monopolios mediáticos y sus representantes
políticos, a pesar de que el gobierno les ha entregado en bandeja de plata la
dirección de todos los asuntos y los puestos clave del estado, les echa
públicamente en cara ser responsables de la crisis actual, ya que habrían
exacerbado las expectativas con sus promesas electorales. Lo cual es
objetivamente cierto, aunque no por las promesas electorales de la pareja, sino
por la experiencia histórica y la consciencia de los pueblos de regiones y de
las fuerzas progresistas de haber vencido a esos mismos monopolios mediáticos y
representantes de la vieja elite política, haciendo valer la democracia para
imponer una alternativa electoral distinta. Conjuntamente, los culpan y
presionan, acusándolos de “blandos”, exigiendo todavía más mano dura y
represión, en torno a la defensa cerrada del premier Valdés.
El absoluto desgaste del estado de emergencia,
que se supone prohíbe reuniones, y de la represión desatada para disuadir por
el terror el descontento masivo de la población, corre paralelo a este desgaste
electoral, que ya hace unas semanas, con ocasión de un acto público por el
cumpleaños del presidente Humala, mostró cómo, de la espontánea euforia popular
de masas motivadas por el llamado histórico, programático, se pasa silenciosa
pero significativamente a la vieja y tradicional “portátil”, que con recursos e
incentivos estatales para facilitar el traslado y motivar la asistencia, logra
acarrearse para la ocasión, tal cual todos los gobiernos anteriores desde la
dictadura de Fujimori que patentó el mecanismo.
Lo que al gobierno anterior del APRA le tomó
cinco años, para terminar, a pesar del uso de todos los recursos del estado en
la campaña electoral, con apenas una mínima bancada, al límite legal de cinco
congresistas (y según muchas versiones con una pequeña ayudita de la entidad
electoral, ONPE), a la pareja presidencial le ha tomado apenas 8 meses, desde
que dieron el auto golpe de estado programático, expulsaron a quienes diseñaron
la propuesta de gobierno original, y pusieron al actual premier Oscar-estado de
emergencia-Valdés a poner (des)orden.
Con suerte, si el desgaste no llega a niveles
insostenibles, la pareja presidencial, aunando a quienes permanezcan como
incondicionales (lo cual, como ya se ha hecho evidente, baja objetivamente el
nivel de cuadros, discursos y propuestas que sean capaces de mostrar) y a un
mínimo nuevo electorado (a estas alturas, esto depende de los errores que
puedan cometer las opciones de derecha, de centro y progresistas y no de lo que
pueda hacer la pareja presidencial), lograrán apenas un trocito de la torta
política en las próximas elecciones, lo cual les permitirá una mínima
existencia política entre la vieja elite, pero abrirá también una dinámica de
conflictos entre quienes hayan sacrificado su imagen política a su lado con el
norte de obtener a cambio algún ascenso en el estado, sin que se haya logrado
entonces suficiente para todos.
Es una triste realidad para ellos, pero no más
triste que la de los excluidos de siempre que hoy, por enésima vez, son
impunemente asesinados, primero simbólicamente como “extremistas ideológicos…
que deben atenerse a las consecuencias” (según el presidente del país), y
después físicamente, como a “perros”, como grita, rebosante de impunidad, un
policía a la población de Cajamarca.
Ricardo Jimenez A.
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