“CONSTITUCIÓN DE 2005”, ¿TROPEZAR DE NUEVO CON LA MISMA PIEDRA?

"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Tenemos hoy por fin una Constitución democrática”

Ricardo Lagos

Más allá de los balances que puedan o no hacerse del gobierno del ex presidente chileno Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006, un hecho indiscutible es el absoluto fracaso de su pretendida “nueva” constitución, pactada en el congreso entre la concertación y la derecha pinochetista.

 

A pesar de la millonaria propaganda televisiva, que repetía hasta al cansancio la firma del presidente reemplazando la del ex dictador Pinochet en el texto, y las 58 reformas que eliminaban algunos de los más antidemocráticos de sus preceptos, no sólo no logró convencer al país y al mundo de que se trataba de un cambio de Constitución, sino que en la actualidad, a apenas ocho años de distancia, la inmensa mayoría de los chilenos ya ni siquiera recuerda lo que a Lagos le pareció en su momento un acto de refundación institucional.


Hoy, más que ayer, crece en Chile la demanda de terminar con la desprestigiada constitución de Pinochet. Ha sido uno de los temas claves de las recientes elecciones y, aunque fragmentadas, las fuerzas que la exigen, incluyendo a buena parte de las de la electa Presidenta Bachelet, suman en conjunto una clara mayoría. Eso, sin considerar a la mitad del electorado que no votó, justamente, por el desprestigio institucional de la política, que emana antes que nada de esa misma constitución pinochetista.   

 

Bachelet ha ganado mayoría en el congreso pero no la suficiente para reformas profundas. La misma constitución pinochetista (o “laguista”, si se quiere) lo hace imposible con mínimos inalcanzables. Ni hablar de Asamblea Constituyente, no existe tal posibilidad.

 

Por eso, importantes y crecientes sectores sociales y políticos han planteado públicamente una salida posible, un camino que impone la voluntad política de democratizar por encima de la camisa de fuerza dictatorial que representa la institucionalidad heredada.

 

Proponen que la presidenta de la república llame a un plebiscito no vinculante para que la Nación soberana se pronuncie al respecto. Aunque no sería vinculante, es decir obligatorio, de todos modos, con un resultado favorable, y eventualmente con movilización social de respaldo, se presionaría al congreso y las fuerzas conservadoras en él para convocar a una Asamblea Constituyente que genere un auténticamente nuevo y legitimado texto constitucional.

 

Sin embargo, la presidenta electa y su coalición muestra discrepancias, indecisiones e inercias muy fuertes al respecto, y a ratos parece inclinarse por desechar esa opción democratizadora y recorrer otra vez el mismo camino del ex presidente Lagos, el de las reformas parciales pactadas con el pinochetismo entre las cuatro paredes del congreso.

 

Algo así como poner su firma en el texto constitucional pinochetista, sobre la firma de Lagos, e intentar como él convencer al país y al mundo de que se trata de uno nuevo y democrático.

 

¿Estará la ciudadanía hoy más dispuesta que ayer a una operación semejante? ¿No será más bien un camino seguro a tropezar de nuevo y con la misma piedra?

 

 

Chile puede perder en La Haya pero comprar Petroperú

Parece un chiste, pero no lo es. El congreso peruano acaba de aprobar una ley, N° 3062, que desnacionaliza una de las principales riquezas del país: el petróleo. El artículo 3 de esa ley permite vender la propiedad de hasta el 49% de Petroperú, la empresa estatal nacional del petróleo, a capitales extranjeros, incluso estatales, por ejemplo de Chile, con quien en el mismo momento se tiene un diferendo marítimo limítrofe en la Corte Internacional de La Haya.

Pero eso no es todo. Chile, literalmente, podría también obtener los beneficios de la industrialización del petróleo peruano, con más y mejor empleo, desarrollo técnico y valor agregado. El artículo 6 de la misma ley impide expresamente que la empresa estatal nacional, o sea el Perú, pueda desarrollar y beneficiarse de esa industrialización, entregándola a manos privadas y extranjeras.

Si hasta ahí parece un chiste, lea todavía esto: la mayoría del congreso, y el gobierno, que han impuesto esta ley  dicen llamarse “nacionalistas”. 

En octubre de 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado nacionalizó esta empresa petrolera, entonces en manos de capitales trasnacionales norteamericanos. Para ello ocupó militarmente las instalaciones petroleras de Talara. Ahora, 45 años después, se produce esta desnacionalización teniendo como escenario la misma Talara, cuya modernización es el objeto de la ley 3062.

En el año 68, la nacionalización significó una dura lucha del país y en especial de los trabajadores y técnicos  petroleros peruanos que debieron superar los bloqueos, sabotajes y amenazas de los poderes petroleros privados mundiales, para finalmente salir airosos y operar eficientemente conservando aquella riqueza para el Perú. A los congresistas oficialistas les tomó sólo unas horas y una firma para terminar con ese legado.

 

Mientras la joven congresista por Cusco, Verónika Mendoza, presentaba una moción de su bancada, Frente Amplio Acción Popular, para discutir de forma separada estos dos artículos, la señal del canal de televisión del Congreso dejó, causalmente, de trasmitir.   

Ahora, se preparan actividades para lograr una iniciativa ciudadana que termine forzando al congreso a derogar estos dos artículos. Está por verse si este movimiento nacional y ciudadano tiene éxito. Por ahora, es un hecho que Chile podría perder en el inminente fallo bilateral en la Corte de La Haya, pero bien puede comprar Petroperú.

Algo así como si todavía siguiera ganando la guerra del Pacífico, al igual que en el pasado, no tanto por sus propios méritos, sino más por la conducta de la clase dirigente peruana.

ELECCIONES EN CHILE: DESPLAZAMIENTO A LA IZQUIERDA

 

El revolucionario patriota latinoamericano, Manuel Belgrano, escribió durante la guerra de independencia de España que las armas no podían ir un paso más allá de la opinión, graficando que en política la opinión pública lo es todo, al punto de que ambos, política y opinión, pueden considerarse sinónimos. Y las elecciones generales del 17 de noviembre pasado en Chile han puesto en evidencia el desplazamiento indetenible de la opinión pública y de la política chilena hacia la izquierda.

Tras veinte años de una democracia cuyo diseño institucional es herencia de la dictadura de Pinochet, y de predominio implacable del neoliberalismo como ideología y como programa económico, las urnas han dado un irreparable golpe a ambas.

Más democracia y más igualdad

La candidata ganadora de la primera vuelta, la ex presidenta Michelle Bachelet, obtuvo casi el 47% de las preferencias, con un programa que en lo esencial recoge las demandas ya incontenibles de más democracia y más igualdad. Ambas reafirmadas con vehemencia por la candidata en su discurso de análisis de los resultados.

Concretamente, se trata de democratizar la institucionalidad, por medio de una nueva Constitución Política. Esto implica el compromiso de acabar con el “duopolio”, el predominio de la ley electoral binominal, que ha permitido el anti democrático reparto de los cargos del estado entre la derecha pinochetista y la concertación de la propia Michelle Bachelet durante las últimas dos décadas.

Y de mayor igualdad, vía reforma tributaria para que los que más tienen aporten más, en estrecha relación con el fin del lucro en la educación para que sea de calidad y gratuita, y a la urgente reducción de la brecha salarial que convierte al país en uno de los más desiguales del mundo, con una diferencia de 27 veces más para el 10% con más altos salarios sobre el 10% con salarios más bajos. Ambas, lucro educativo y desigualdad extrema, generados bajo los gobiernos anteriores de la propia concertación política de Bachelet.

Lo cual explica por qué la candidata habla de una "nueva etapa" y por qué no ha podido ganar en primera vuelta, como ciertos medios y encuestas se esforzaron por vaticinar. Es el pasivo neoliberal de la concertación y la propia Bachelet, aún siendo la figura más excepcionalmente prestigiosa y legítima, la única de hecho capaz de ganar estas elecciones.

El desplazamiento

Para comprender la magnitud de este desplazamiento de la política chilena hacia la izquierda y las particulares formas en que se presenta, resulta útil analizar con más detalle los resultados electorales.

En la propia votación de la Concertación, está mezclada la votación del Partido Comunista (PC) con el que va en alianza desde las elecciones pasadas de 2009. El PC mantuvo un voto “duro”, invariable, de 7%, intentando levantar una alternativa propia de izquierda desde el término de la dictadura. La ley binominal y el duopolio lo dejaban sin representantes en el Congreso. Con su alianza con la Concertación obtuvo tres diputados y en esta ocasión ha doblado ese número. Lo más significativo es que se trata en buena parte de jóvenes ex dirigentes de las protestas estudiantiles como Camila Vallejo que representan una postura mucho menos burocrática y más consecuente que la de los viejos dirigentes. Un ejemplo, mientras Jorge Tellier, actual dirigente y recién re electo diputado comunista hace gala pública de chovinismo frente a Bolivia, Vallejo ha declarado públicamente la necesidad de dar solución marítima a este país.

Se suma a ello el caudal electoral del candidato progresista, Marco Enríquez Ominami, quien rompió con la concertación de Bachelet y capitalizó el voto de protesta y descontento en la elección pasada con un 20%, pero al que el binominal y el duopolio le impidieron contar con representantes en el congreso. En esta ocasión, obtuvo casi el 11%, pero como el mismo señaló con un voto de propuesta, mucho más maduro políticamente, con un partido consolidado, el Pro, y refrendado como la tercera fuerza política del país. Ya en la elección anterior Marco Enríquez levantó un programa que en lo esencial es el planteado por Bachelet en esta ocasión.

Muy significativo es el hecho de que otros tres candidatos progresistas y de izquierda, el nuevo partido Igualdad, el humanismo y el ecologismo, suman entre los tres alrededor de un 7%, equivalente al histórico y hasta ahora excepcional electorado del PC. Todos ellos comparten en lo esencial, como mínimo, el programa de democratización e igualdad del PC, Enríquez Ominami y ahora Bachelet.

Finalmente, en ese balance, debe considerarse la altísima abstención, que tras la instauración del voto voluntario en la elección municipal pasada, mostró el desapego de buena parte de los votantes hacia una institucionalidad y una política neoliberal desprestigiadas. En esta ocasión, poco menos de la mitad de los 13,5 millones de electores no concurrió a sufragar. Entre ellos, hay un sector activo de grupos de izquierda que se han marginado de las elecciones, pero que contribuyen con su activismo al desplazamiento progresista de la opinión.

Pinochetismo a la deriva

La derecha pinochetista, tras el desgaste abrumador del gobierno con Sebastián Piñera, ha considerado, y con razón, una victoria el haber mantenido un histórico mínimo electoral del 25% y pasar a segunda vuelta. No tiene absolutamente ninguna posibilidad de disputar el triunfo en esta segunda vuelta. No sólo por el desplazamiento indetenible hacia la izquierda de la opinión, sino porque su candidata, Evelyn Matthei, hija de un ex general de la fuerza aérea golpista, en vez de seguir el camino de todas las derechas latinoamericanas, el de la demagogia que busca recoger las demandas de democratización e igualdad, ha mostrado una suicida sinceridad en su discurso de análisis de los resultados, enfatizando su oposición a esas demandas. Para colmo, un candidato joven y carismático que rompió y salió de sus filas para ir como independiente y que ha logrado el cuarto lugar con alrededor de un 10%, la ha denostado públicamente y ha declarado que no votará en segunda vuelta.

Signos de madurez

Hay también otros signos de madurez de las fuerzas progresistas y de izquierda en los discursos públicos de análisis de los resultados de varios de sus candidatos, especialmente de Enríquez Ominami que es el de mayor caudal electoral, aunque el binominal y el duopolio lo dejan con apenas un congresista o ninguno. Los explícitos llamados a las otras candidaturas a “construir un espacio común” muestran que tras la insoportable fragmentación, la responsabilidad y la sensatez se van abriendo camino en este sector.

Lo que sigue

Lo que sigue es el triunfo electoral de Bachelet, que aparece como un mero trámite, el próximo 15 de diciembre. Y el complejo camino por el cual ella y la concertación deberán sortear la oposición de los poderes fácticos económicos, para los que gobernaron antes, y cumplir los compromisos electorales asumidos e impuestos por el desplazamiento de la opinión.

Frente a esas presiones, está la existencia en sus propias filas de fuerzas consecuentes con ese programa, como la de los jóvenes ex dirigentes estudiantiles. Fuera de la concertación, están las otras fuerzas progresistas y de izquierda, que aunque todavía fragmentadas suman en conjunto un poderoso 20%, con un programa bien definido y que la opinión ahora apoya. Y, aunque las mayorías en el congreso impuestas por la institucionalidad pinochetistas para realizar cambios son altisímas, la virtual presidenta ha recibido de las urnas la mayoría suficiente. Sólo es cuestión de voluntad y coraje político.

De ese juego de fuerzas dependen los grados y formas que adopte el desmonte de la institucionalidad pinochetista y neoliberal. La candidata pinochetista Matthei ha dicho públicamente que las reformas planteadas por Bachelet significan abrir un camino que representa un golpe de muerte al actual modelo político y económico.

Tiene toda la razón. En cualquier caso, la institucionalidad pinochetista y la economía neoliberal son ya un cadáver insepulto en Chile. Sólo es cuestión de tiempo, de formas y de ver quién finalmente cumplirá o no esa tarea histórica.

  

ALIANZA DEL PACÍFICO Y MIGRANTES, SERÍA CÓMICO SINO FUERA TRÁGICO

El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Fernando Rojas, acaba de anunciar públicamente en Panamá, en el marco de una reunión con jóvenes de 25 países, que la Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio que integran Perú, Chile, Colombia y México, “está contemplando la posibilidad de que los emigrantes con intención de radicarse en otro país puedan ejercer su profesión, que se reconozcan los títulos profesionales recíprocamente, eso está en consideración para una segunda etapa de desarrollo de la Alianza”.

Asombran en estas declaraciones o el desconocimiento o el soslayo de un hecho grave. La existencia del Acuerdo sobre Residencia para nacionales del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Tratado de integración regional integral que garantiza el derecho de los nacionales de estos estados a contar en otro de los estados con residencia y permisos para cualquier actividad lícita por dos años, tras los cuales acceder a la residencia permanente, con el único requisito de ser nacional y no contar con antecedentes penales. Y el incumplimiento por parte de Chile, “aliado del Pacífico” de Perú, de este acuerdo para con los peruanos, aunque el Perú sí lo cumple y aplica para los chilenos.

¿Cómo explicar este desconocimiento o soslayo de un hecho tan grave? La respuesta puede encontrarse en las propias declaraciones del funcionario peruano quien aclaró que la finalidad última de estas y otras medidas “migratorias” de la Alianza son textualmente “incentivar el turismo” y la “libre contratación”. En ellas asoma inequívocamente el fundamento de las políticas migratorias selectivas y excluyentes, en las que los derechos de las personas y el objetivo de la integración regional se ven subordinados y reducidos unidimensionalmente a los intereses mercantiles de los grandes negocios. Una visión estrecha y probadamente fracasada de políticas migratorias y de estrategias de integración.

Mientras Chile viola el más mínimo principio de reciprocidad internacional y un tratado legalmente adoptado, perjudicando a cerca de 200 mil ciudadanos peruanos residentes en ese país, el viceministro peruano presenta como un avance la promesa de que tal vez más adelante puedan ejercer sus profesiones los migrantes de esos países. Sería realmente cómico, sino fuera trágico el silenciamiento público de una violación de derechos de cientos de miles de sus propios ciudadanos y ciudadanas.

 

Ricardo Jimenez A

Chile, despinochetizar la ley de migraciones

“…expulsar a un extranjero puede ser una empresa difícil, incluso aunque la culpabilidad del mismo esté debidamente probada, o si se constató que ingresó en forma clandestina. Se requiere la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública para el caso de los residentes, y no existe un mandato para la entrega de información por parte de los órganos de la Administración del Estado. Un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común”.

Estas son palabras textuales del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y son parte del “marco normativo” (punto 3, párrafo 10) de la presentación de su nuevo proyecto de ley de migración y extranjería a la Cámara de Diputados, el 20 de mayo de 2013. En ellas se queja de que la actual ley de migraciones, para decirlo en palabras sencillas, es muy blanda a la hora de expulsar extranjeros en irregularidad.

Aunque usted no lo crea, está hablando de la ley migratoria elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo la ley migratoria “más antigua de Suramérica” y una de las más antiguas del mundo, sino absolutamente restrictiva, basada en un criterio trasnochado de seguridad nacional, con plena discrecionalidad del estado y contraria a los estándares internacionales de derechos adoptados legalmente por Chile en las últimas décadas.

Era tanta la arbitrariedad de este cuerpo legal, que los posteriores gobiernos concertacionistas, incapaces de despinochetizar este ámbito, hicieron algunas reformas menores de procedimientos administrativos y varios desusos de hecho de sus aspectos más impresentables. A pesar de ello, las denuncias de arbitrariedades y abusos a los extranjeros en Chile, desde que pisan una frontera o un aeropuerto, han sido permanentes y han alcanzado en los últimos años notoriedad pública. Numerosas denuncias legales han llevado incluso al poder judicial a fallar a favor de la protección de los migrantes, por ejemplo, frente a detenciones y encarcelamientos ilegales y violatorios de los derechos humanos.  

 

Sin embargo, al señor Piñera le parece poco y reclama todavía más discrecionalidad e incumplimiento de obligaciones para poder expulsar extranjeros y criminalizar la irregularidad. En la antiutopía migratoria de su proyecto de ley, sólo el interés de mano de obra barata empresarial, que supone identificado con el nacional, dictará buenamente cuántos, dónde y por cuánto tiempo, algunos migrantes recibirán la graciosa concesión de residir en Chile.

Mientras el país necesita despinochetizar la ley migratoria para entrar democráticamente al siglo XXI en este ámbito, a Piñera le parece blanda la xenofobia pinochetista y la exacerba a estándares del siglo XIX. Sería cómico, sino fuera trágico.