PERÚ EN EL LABERINTO DE LOS INTENTOS Y LAS PARADOJAS. CRISIS SOCIO AMBIENTAL Y MIGRATORIA

 

“EL futuro es espacio, / espacio color de tierra, / color de nube,

/ color de agua, de aire, / espacio negro para muchos sueños,

 / espacio blanco para toda la nieve, / para toda la música…

/ hay lugar para todos en el bosque, / en la calle, en la casa…

/ y allí llegar con el primer teléfono / para que hablen más tarde tantos hombres / de sus enfermedades.

 / Lo importante es apenas divisarse, / gritar desde una dura cordillera

/ y ver en la otra punta / los pies de una mujer recién llegada.

/ Adelante, salgamos… / desde el alba a la noche migratoria…”
Pablo Neruda

Mientras escribimos estas letras, estamos en camino, a poco más de un año, de realizarse en Perú la versión número veinte de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre cambio Climático - COP 20, el evento más importante a nivel mundial para enfrentar la aguda crisis socio ambiental producto del calentamiento global, frente al cual Perú, en base a su riquísima diversidad climática y territorial, es justamente uno de los países más vulnerables y en riesgo, según informes científicos. En este nuevo intento se espera alcanzar un nuevo Pacto para reducir las emisiones de gases que producen el calentamiento global, que resulte realmente efectivo, para reemplazar al fenecido “Protocolo de Kioto”, no ratificado o abandonado por varios de los países con mayores responsabilidades, empezando por los Estados Unidos, y con escasos y desacreditados resultados.   

La página oficial del Ministerio del Ambiente de Perú en Internet cuenta con una nota informativa donde además de estos datos enfatiza el buen negocio económico que la Conferencia representa para el país: “Los beneficios por ingresos económicos serían inmediatos y oscilarían entre los 40 y 45 millones de dólares, sólo en el primer mes, por el gasto directo en hoteles, restaurantes y compras de los más de 15 mil visitantes. Eso sin considerar los gastos adicionales en turismo al interior del país, que podrían significar otros 10 millones de dólares”. Una muestra -insuperablemente contradictoria- del espíritu mercantilista que ha generado y alimenta la grave crisis ambiental. “¿Preservación del medio ambiente?, sí, pero siempre y cuando no choque con el lucro de los negocios, o mejor aún, represente más ganancias”, es el irresponsable mensaje que pone a la humanidad en la permanente impotencia de las políticas de estado a nivel global.            

La paradoja es global

Ciertamente, se trata de una paradoja global. Hace apenas menos de dos meses, a inicios de septiembre pasado, el Secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, inauguró en las Islas Marshall, al noreste de Australia, el Foro de las Islas del Pacífico. El tema central es el hundimiento lento pero indetenible de las propias Marshall, Kiribati, Tuvalu, Fiyi, Samoa y otras hasta un total de 10 islas del pacífico, producto del alzamiento del mar por el derretimiento de hielos que genera el calentamiento global. Kerry en su discurso de apertura señaló que “la evidencia científica del cambio climático” es “irrefutable” y “alarmante”. Contradictoriamente, no estaba presente en el encuentro, lo decía en una alocución grabada en vídeo. Su prioridad estaba en empujar la intervención militar de su país en Siria, que seguramente aumentaría los daños ambientales y la crisis humanitaria de ese país.

Es que Estados Unidos está en decadencia económica, con una crisis insoportable de deuda pública y su única “ventaja comparativa” frente a las economías emergentes es la guerra, la industria de la muerte. Ya hace algunos años, los organismos internacionales informaron que los desplazados por razones ambientales alcanzaban varios millones y superaban a los desplazados por las guerras. Principalmente por falta de agua y en su mayoría en África. Parafraseando el famoso poema de Bertolt Brecht (aunque hay quienes aseguran que es de otro autor), “primero vinieron por los africanos, pero como yo no era africano…”. Ahora, las islas del Pacífico y sus cientos de miles de habitantes forzados en cámara lenta, no sólo a la migración sino también a la apatridia, son las primeras víctimas por las que viene el alzamiento de aguas marinas consecuencia del cambio climático. “Pero como yo no era isleño del Pacífico…”. Una metáfora plenamente certera la del poema de Brecht: “Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”. Se sabe que, a la larga, con más tiempo, desaparecerán buena parte de las costas en el Pacífico, incluyendo del propio Estados Unidos y también del Perú.

Las migraciones

Mientras escribimos estas letras, acaba también de concluir otro importante intento en el ámbito precisamente de las migraciones, el “Segundo Diálogo de Alto Nivel Sobre la Migración Internacional y el Desarrollo”, realizado en el seno de la Asamblea general de las Naciones Unidas los días 3 y 4 de octubre pasados. Al igual que ocurrió con el Protocolo de Kioto, Estados Unidos y otros países ricos y con alta inmigración han impedido que las Naciones Unidas llame a una “Conferencia” para el tema de las migraciones, una instancia de mayor jerarquía, y entonces se ha llamado como sucedáneo a estos “Diálogos de Alto Nivel”, el primero en 2006. Todavía no se conocen completamente sus resultados, pero ya existen Informes, declaraciones solemnes y numerosos discursos de intervención que viene a sumarse a un laberinto enorme de Documentos sobre la materia en el sistema internacional. Sin desconocer el valor programático y ético de muchos de ellos, es un hecho su escasa o nula efectividad hasta ahora para transformarse en políticas públicas que garanticen plenamente los derechos de las personas migrantes en la inmensa mayoría de países.     

Paradojas de muestra. Hace menos de dos semanas ha naufragado una embarcación en las costas de Italia donde murieron cerca de 300 inmigrantes africanos que buscaban llegar a Italia por vías irregulares, incluyendo mujeres y niños, y otros 150 fueron rescatados. Las autoridades italianas no han dudado en anunciar públicamente un “funeral de estado” en homenaje a los fallecidos, incluyendo el otorgamiento póstumo de la nacionalidad italiana, mientras al mismo tiempo se detiene y acusa del delito de inmigración clandestina a los sobrevivientes.

En Perú, al contrario de lo que erradamente se suele pensar, es en las décadas de 1990 y 2000, las de mayor crecimiento macro económico, cuando más peruanos han abandonado el país para buscar mejor situación a través de la emigración a otros países, más de 3 millones, el 10% de su población, mientras la media mundial es del 3%. Según cifras oficiales del INEI, actualmente más de 200 mil peruanos al año se siguen yendo, y según una encuesta de SENAJU de 2011, uno de cada dos jóvenes peruanos tiene la expectativa de irse a otro país en busca de mejores condiciones de trabajo y estudios.

Hoy, en medio del crecimiento macro económico peruano y de la crisis de los países ricos del norte, el salario por ejemplo de una trabajadora del hogar en Perú es en promedio de S/.777.6 al mes trabajando un promedio de 84 horas a la semana, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE). En España una trabajadora del hogar peruana gana un promedio de S/. 2095 (790 dólares), en Italia el sueldo es de S/. 2640 (9969 dólares), en Estados Unidos de S/. 3.900 (1500 dólares); y en todos los casos, trabajando menos de la mitad de horas, 40 semanales. Sin ir tan lejos, en Chile una trabajadora del hogar gana S/. 1590 (600 dólares) el doble de lo que percibe en nuestro país.

El año pasado, los más de 3 millones de emigrados enviaron al Perú cerca de 2.800 millones de dólares en remesas, que pagaron directamente 500 millones de dólares a las arcas del estado peruano por IGV. A cambio, reciben un Fondo de Ayuda Humanitaria de 300 mil dólares anuales, menos de 50 centavos de sol por emigrado.         

Salir del laberinto

¿Qué hacer ante la paradoja de la falta de consciencia activa y voluntad política, tras los discursos políticamente correctos de “preocupación”? ¿Cómo salir del laberinto de las paradojas y los intentos?

La respuesta no es fácil, si acaso la hay. Pero conviene partir de un hecho objetivo, incontestable: no hacer nada, o seguir simplemente haciendo lo que ya venimos haciendo, es camino seguro, inexorable a la auto extinción humana o al menos al daño grave, quizás irreparable, a su esperanza de bienestar y felicidad.

No es menor saber ver, comprender y valorar los avances, que los hay y significativos, tanto ante la crisis socio ambiental como migratoria, partes de la crisis múltiple, integral, civilizatoria. Felizmente, una parte importante de estos avances, de estas búsquedas y estas respuestas, surgen en nuestra región, incluyendo disímiles e imperfectos, pero necesarios, procesos políticos de reforma y cambio de los estados.

Una nueva ética de la Responsabilidad, compartida y diferenciada según el grado de poder, es fundamental, especialmente frente y hacia la Madre naturaleza y las generaciones futuras. La comprensión serena de que la centralidad del lucro, del egoísmo y la competencia nos son sustentables y son suicidas para la especie humana. La apertura a diálogos múltiples, mestizos, permanentes, para la búsqueda de respuestas, que incluyen los paradigmas del Buen Vivir, la Economía del cuidado, el Eco feminismo, la De colonización, la Nueva Arquitectura económica, el Bien común y la Ciudadanía universal, entre otros. La alianza, en base a puntos programáticos más o menos profundos, de los pueblos, ciudadanos y sociedad civil activa con los emergentes gobiernos y estados que empujan reformas políticas profundas. La combinación de esfuerzos simultáneos y complementarios en todos los ámbitos: personales, familiares, comunitarios, locales, nacionales, regionales y globales.

Sobre todo, resultan imprescindibles la esperanza y la fe, movilizadoras, transformadoras. Sólo esa fuerzas afirmativas, proféticas, convocantes tienen posibilidad de vencer el escepticismo y el desencanto frente a la crisis, desarrollar las consciencias, ganar el sentido común y las voluntades para denunciar y desmontar las paradojas y para aumentar y mejorar los intentos hasta la victoria de la supervivencia y la felicidad.

 

Ricardo Jimenez A.

 

ALIANZA DEL PACÍFICO Y MIGRANTES, SERÍA CÓMICO SINO FUERA TRÁGICO

El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Fernando Rojas, acaba de anunciar públicamente en Panamá, en el marco de una reunión con jóvenes de 25 países, que la Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio que integran Perú, Chile, Colombia y México, “está contemplando la posibilidad de que los emigrantes con intención de radicarse en otro país puedan ejercer su profesión, que se reconozcan los títulos profesionales recíprocamente, eso está en consideración para una segunda etapa de desarrollo de la Alianza”.

Asombran en estas declaraciones o el desconocimiento o el soslayo de un hecho grave. La existencia del Acuerdo sobre Residencia para nacionales del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Tratado de integración regional integral que garantiza el derecho de los nacionales de estos estados a contar en otro de los estados con residencia y permisos para cualquier actividad lícita por dos años, tras los cuales acceder a la residencia permanente, con el único requisito de ser nacional y no contar con antecedentes penales. Y el incumplimiento por parte de Chile, “aliado del Pacífico” de Perú, de este acuerdo para con los peruanos, aunque el Perú sí lo cumple y aplica para los chilenos.

¿Cómo explicar este desconocimiento o soslayo de un hecho tan grave? La respuesta puede encontrarse en las propias declaraciones del funcionario peruano quien aclaró que la finalidad última de estas y otras medidas “migratorias” de la Alianza son textualmente “incentivar el turismo” y la “libre contratación”. En ellas asoma inequívocamente el fundamento de las políticas migratorias selectivas y excluyentes, en las que los derechos de las personas y el objetivo de la integración regional se ven subordinados y reducidos unidimensionalmente a los intereses mercantiles de los grandes negocios. Una visión estrecha y probadamente fracasada de políticas migratorias y de estrategias de integración.

Mientras Chile viola el más mínimo principio de reciprocidad internacional y un tratado legalmente adoptado, perjudicando a cerca de 200 mil ciudadanos peruanos residentes en ese país, el viceministro peruano presenta como un avance la promesa de que tal vez más adelante puedan ejercer sus profesiones los migrantes de esos países. Sería realmente cómico, sino fuera trágico el silenciamiento público de una violación de derechos de cientos de miles de sus propios ciudadanos y ciudadanas.

 

Ricardo Jimenez A

El discurso negador de derechos de Víctor García Belaunde hacia los peruanos en el exterior

Es realmente sorprendente que la “Otra Mirada” un medio alternativo, crítico y decididamente centrado en un enfoque de derechos y justicia, se haya permitido publicar, en su número 210 del 23 de julio del presente, un artículo del congresista Víctor Andrés García Belaunde en que hace gala de la visión mercantilista y negadora de derechos ciudadanos, tan propia del actual y en crisis sistema político del Perú, argumentando a favor de mantener en la exclusión y negación de derechos a los peruanos en el exterior para que continúen sin poder elegir sus propios representantes al Congreso. Confiamos en que este prestigioso medio informativo otorgue también espacio para reivindicarlos.

El articulista comienza su reflexión con cifras: “De acuerdo al INEI, el Perú tendrá 30 millones 475 mil habitantes en 2013. Si dividimos esta población entre 130 congresistas, cada mal llamado padre de la patria representa a 234 mil personas”.Pues, bien, de acuerdo también al INEI, existen más de 3,5 millones de peruanos en el exterior, ¿Siguiendo el mismo cálculo, cuántos “padres de la patria” les corresponderían para ser representados? Cita a África y a Oceanía para mostrarnos que los electores peruanos en el exterior son muy pocos, apenas unos cientos o miles, aunque olvida señalar que en Estados Unidos son más de 250 mil; en España, más de 130 mil; en Argentina, más de 110 mil; en Chile, más de 80 mil. Ciertamente, su abstención es alta, cerca del 50%. ¿Pero esto no es responsabilidad del propio estado, empezando por el desincentivo que significa de hecho ser obligado a votar por congresistas limeños que no tienen ninguna sensibilidad ni interés en ellos?

Pero lo más importante, el articulista ignora que el conjunto de electores en el exterior tienen derecho y necesitan sus propios representantes, no por una cuestión territorial, que en todo caso ha sido definida arbitrariamente, sino porque representan una comunidad con intereses ciudadanos comunes y distintos al de otras comunidades de la Nación. Ése es el principio que está detrás de la representación democrática, como lo señala la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE): “si bien lo peruanos en el extranjero no tienen un territorio específico, sí se les puede considerar como un conjunto de electores, con intereses específicos, los cuales tienen derecho a elegir a sus propios representantes, es decir, sí se les puede considerar como… una circunscripción electoral” (Dictamen Sobre Proyectos de Ley para Distrito electoral peruanos en el extranjero de 25 noviembre de 2010. Comisión RR.EE. del Congreso de la República). Es por este principio que no tienen cabida losargumentos de que "un peruano residente en Chile no podría representar a los que viven en Colombia", como si alguien del interior rural de Cajamarca no podría representar a quienes residen en la ciudad de Cajamarca.

Y es el principio bajo el cual una clara tendencia modernizadora de las instituciones democráticas viene otorgando estos derechos en crecientes países. Ya existen congresistas de los emigrados en Portugal desde 1976, Francia desde 1983, Croacia desde 1992, Italia desde 2001, Colombia desde 2001, Ecuador desde 2007. Y Se discuten proyectos de ley para ello en muchos países como México, Argentina, Bolivia, etc. Todas estas experiencias empíricas muestran un éxito en modernizar la democracia y no han duplicado en ningún caso funciones de Cancillería, como teme el articulista.

Tomar en serio su argumentación de que se corre el riesgo de tener un “robacable en Suecia” o un “lavapiés en Italia” nos llevaría por fuerza de la lógica a concluir que la solución para que no haya estos problemas en el Congreso actual es negarle a los peruanos el derecho de elegir sus representantes, y esto es inaceptable, tanto para todos los peruanos que residen en Perú como para los que viven en el exterior.

Tampoco abordaremos sus argumentos basados en los “Resultados de la Primera Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior publicado recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, según la cual “el 83.7% de los entrevistados considera que el Consulado peruano puede atender sus necesidades”. Ello por un mínimo de respeto metodológico. Es como si se hiciera una encuesta de cuán bien cree la gente que el Congreso desempeña sus funciones, y se encargara de realizar esa encuesta al mismo Congreso.

Pero hay también argumentos económicos. El congresista nos pide no olvidar que “cada despacho congresal le cuesta al contribuyente peruano acá alrededor de S/. 3.8 millones por año, casi S/. 19 millones en 5 años”. Nosotros le informamos que, según informes del BCRP, al contribuyente peruano en el exterior le cuesta, al año, 500 millones de dólares, S/ 1.300 millones, el pago IGV de sus remesas al estado peruano, suficiente para pagar alrededor de 26 despachos de congresistas por cinco años.

Pero más allá de la realidad de las cifras, es importante evidenciar la grave negación de derechos legítimos y legales que revela elplanteamiento del señor García Belaunde, más grave aún viniendo de un legislador. La Constitución Política del Perú establece que “Los ciudadanos tienen derecho… de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes” (artículo 31). También el principio de "igualdad ante la ley" y no discriminación por motivo de "cualquier... índole" (artículo 2, número 2). Pues bien, los peruanos en el exterior no pierden ni su ciudadanía ni su nacionalidad, por tanto la Constitución obliga al cumplimiento de estos mandatos para con ellos.

Agregase a ello el mandato similar de numerosos tratados internacionales de los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano, adoptados legalmente por Perú, y a los que la Constitución vigente precisa en estos términos: "Los tratados celebrados por el estado y en vigor forman parte del derechos nacional" (artículo 55). Sería largo citarlos aquí y asumimos que el señor García Belaunde tendrá nociones de ellos.

Finalmente, el hecho irónico, más trágico que cómico, que este señor sea, según la actual ficción legal, elegido por el distrito “Lima yexterior”, es decir, un representante de los mismos peruanos en el exterior a los que se explaya en negar legítimos y legales derechos, y que a los peruanos en el exterior se los obligue a votar por este tipo de representantes en Lima, ahorra más argumentos de por qué es una necesidad institucional democrática urgente que cuenten con sus propios representantes.

Ricardo Jimenez A.

Chile, despinochetizar la ley de migraciones

“…expulsar a un extranjero puede ser una empresa difícil, incluso aunque la culpabilidad del mismo esté debidamente probada, o si se constató que ingresó en forma clandestina. Se requiere la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública para el caso de los residentes, y no existe un mandato para la entrega de información por parte de los órganos de la Administración del Estado. Un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común”.

Estas son palabras textuales del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y son parte del “marco normativo” (punto 3, párrafo 10) de la presentación de su nuevo proyecto de ley de migración y extranjería a la Cámara de Diputados, el 20 de mayo de 2013. En ellas se queja de que la actual ley de migraciones, para decirlo en palabras sencillas, es muy blanda a la hora de expulsar extranjeros en irregularidad.

Aunque usted no lo crea, está hablando de la ley migratoria elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo la ley migratoria “más antigua de Suramérica” y una de las más antiguas del mundo, sino absolutamente restrictiva, basada en un criterio trasnochado de seguridad nacional, con plena discrecionalidad del estado y contraria a los estándares internacionales de derechos adoptados legalmente por Chile en las últimas décadas.

Era tanta la arbitrariedad de este cuerpo legal, que los posteriores gobiernos concertacionistas, incapaces de despinochetizar este ámbito, hicieron algunas reformas menores de procedimientos administrativos y varios desusos de hecho de sus aspectos más impresentables. A pesar de ello, las denuncias de arbitrariedades y abusos a los extranjeros en Chile, desde que pisan una frontera o un aeropuerto, han sido permanentes y han alcanzado en los últimos años notoriedad pública. Numerosas denuncias legales han llevado incluso al poder judicial a fallar a favor de la protección de los migrantes, por ejemplo, frente a detenciones y encarcelamientos ilegales y violatorios de los derechos humanos.  

 

Sin embargo, al señor Piñera le parece poco y reclama todavía más discrecionalidad e incumplimiento de obligaciones para poder expulsar extranjeros y criminalizar la irregularidad. En la antiutopía migratoria de su proyecto de ley, sólo el interés de mano de obra barata empresarial, que supone identificado con el nacional, dictará buenamente cuántos, dónde y por cuánto tiempo, algunos migrantes recibirán la graciosa concesión de residir en Chile.

Mientras el país necesita despinochetizar la ley migratoria para entrar democráticamente al siglo XXI en este ámbito, a Piñera le parece blanda la xenofobia pinochetista y la exacerba a estándares del siglo XIX. Sería cómico, sino fuera trágico.

CONGRESO A PUNTO DE ARCHIVAR UNA VEZ MÁS DERECHOS DE PERUANOS EN EL EXTERIOR

Mañana lunes 24 de junio en la mañana la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú se apresta a archivar una vez más el derecho de los peruanos y peruanas en el exterior a elegir sus propios representantes en ese poder legislativo.

A pesar de que fue una promesa electoral pública del actual presidente de la república, Ollanta Humala, su bancada oficialista en el Congreso en su mayoría se ha opuesto a aprobar el proyecto de ley.

A pesar de que todos los partidos políticos sin excepción crean comandos electorales en el exterior y van a pedirles su importante voto a la hora de las elecciones generales, conscientes de que es un electorado creciente, que ya en las elecciones presidenciales de 2006 definió a uno de los competidores de segunda vuelta y que hoy alcanza alrededor de 800 mil votantes, el 3,8% del total del país, equivalente a Arequipa y Cajamarca que eligen cada una a seis congresistas, y mayor a otras 14 circunscripciones electorales del Perú.   

A pesar de que diversas instancias del estado, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Parlamento Andino, se han pronunciado pública y formalmente en el sentido de que debe garantizárseles este derecho.

A pesar de que sus remesas enviadas al Perú pagan por IGV, directamente al estado, 500 millones de dólares cada año, ayudando a pagar los sueldos y gollerías de las y los congresistas que ahora, una vez, se preparan a darles con la puerta en la cara, como ha ocurrido con otros 10 proyectos de ley similares en la última década.  

A pesar de que la Constitución Política del país y numerosos Tratados internacionales que ha adoptado legalmente y obligan al Perú mandan que se les garantice estos derechos.

A pesar de que contar con congresistas de los emigrados es la tendencia de modernización institucional democrática que impone la globalización, existiendo éstos en Portugal desde 1976, Francia desde 1983, Croacia desde 1992, Italia desde 2001, Colombia desde 2001, Ecuador desde 2007 y se discute públicamente su creación en México, Argentina, Bolivia y muchos otros países.

Según cifras oficiales, son más de tres millones y medio de peruanos y peruanas que viven en el exterior, 200 mil emigran cada año actualmente y uno de cada dos jóvenes tiene la expectativa de emigrar. Tienen alrededor de tres millones de familiares directos viviendo en Perú. A todos ellos, el Congreso de la república les está a punto de negar una vez más sus derechos.

¿Puede haber una prueba más clara de la decadencia, inoperancia y crisis, de la indiferencia a las necesidades y derechos de las mayorías, por parte de este poder del estado?

¿No es ésta una prueba más de que en la práctica, de hecho, en el Perú actual, la ciudadanía activa, la movilización y la protesta, se vuelven casi la única vía para hacer valer  los legítimos derechos?    

 

Ricardo Jimenez A.

TRAGEDIA PERUANA EN ARGENTINA, SE NECESITA PRESUPUESTO, NO CARIDAD

 

Ricardo Jiménez

 

Al menos centenares de peruanos/as han sufrido graves daños y ya se ha confirmado el fallecimiento de al menos uno de ellos, en las cruentas inundaciones que han afectado a La Plata, Argentina.

Crónica de una situación anunciada. Con más de 3,5 millones de ciudadanos peruanos en el mundo, es completamente previsible que estén presentes en grandes catástrofes o tragedias ocurridas en cualquier parte del planeta. Así ha ocurrido anteriormente, no hace mucho, en conocidos desastres vehiculares, marítimos y telúricos en Canadá, Italia y Japón, respectivamente; y con toda certeza seguirá ocurriendo.

Como repitiendo un guión trágico e irónico para las víctimas, una vez más los medios masivos de comunicación presentan crónicas de sensibilidad exagerada y superficial, con vagos reclamos a las autoridades consulares del lugar o al gobierno. Otra vez está completamente ausente el debate de fondo y útil, el de una auténtica política migratoria, con presupuesto adecuado y justo, por parte del estado peruano para la atención humanitaria y social de estas comunidades en el exterior.

10 centavos de sol por emigrado

Campañas de solidaridad llaman a la población de Perú a enviar dinero, ropa y materiales de construcción en apoyo de sus connacionales sufrientes en La Plata. Según el diccionario oficial español, “donativo o ayuda que se da al necesitado” es “limosna”.O también “caridad”, definida como “sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás y a querer ayudar a los necesitados”.

Campañas de limosna o caridad que, promovidas por el estado, no pueden menos que calificarse de ofensivas para los peruanos en el exterior, que aportan directamente a las arcas de ese mismo estado 500 millones de dólares anuales (1 250 millones de soles). Es el Impuesto General a las Ventas (IGV, 18%) que pagan al fisco sus remesas en dinero enviadas al país, ascendentes a 2 788 millones de dólares en 2012.

¿Cuánto les devuelve el estado en atención exclusiva y directa a sus necesidades humanitarias, sociales, psicológicas y legales, las más sentidas por esta población en el exterior? 380 800 soles anuales. 10 centavos de sol por emigrado al año.

Lo más significativo, si cabe, es el hecho de que esta cifra, íntegramente, tiene como fuente “Recursos Directamente Recaudados (RDR)”, es decir, que no viene como partida ordinaria aportada por el estado, sino que se la genera el Ministerio de Relaciones Exteriores por sí mismo, en buena parte por el pago de trámites que le hacen los propios emigrados en el exterior y sus familiares en Perú.

Según cifras oficiales, el presupuesto completo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además de los peruanos en el exterior atiende asuntos tan diversos como la promoción comercial del Perú, los tratados internacionales, los organismos internacionales, entre otros, viene recibiendo mínimos aumentos anuales de magnitud en su presupuesto desde hace una década, que representan una disminución constante año a año como porcentaje del presupuesto total de la Nación.

Al escuchar los airados reclamos públicos de los peruanos damnificados en La Plata por lo que consideran un abandono de su estado, resulta paradójico recordar que en el año 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores gastó 31 968 soles en la realización de una encuesta “para conocer las necesidades de las comunidades peruanas en el mundo”. La encuesta se realizó en las oficinas consulares por personal del propio Ministerio. Entre sus resultados se constató que el 80% de los encuestados se mostró satisfecho con la atención de su estado.

Proyecto de ley

Ante la injusticia que representa el contraste entre aportes de los emigrados al estado y la retribución de éste hacia ellos, y considerando las obligaciones constitucionales e internacionales del estado en garantizar derechos a sus connacionales y ciudadanos en el exterior, sectores del estado presentaron hace ya dos años un proyecto de ley para retribuir adecuada y justamente parte de esos aportes con dedicación exclusiva a la atención directa de las necesidades humanitarias, sociales, psicológicas y legales de estas comunidades en el exterior.

Elaborado por el Despacho del parlamentario andino Alberto Adrianzén y, curiosamente, por el entonces encargado de los Derechos de los peruanos en el exterior del MRE y hoy cónsul que enfrenta la tragedia de La Plata, Marco Núñez-Melgar, el proyecto propone destinar el 15% de los aportes en IGV de remesas al estado para estos fines, calculados sobre el ejercicio fiscal del año anterior y como partida adicional a la ordinaria del MRE. Conocido comúnmente como “Canon consular”, dicho proyecto de “Fondo de reinversión de aportes fiscales a los peruanos en el exterior” constituye una necesidad urgente, imprescindible, para una auténtica política migratoria que supere la caridad de la población con la responsabilidad del estado.

De lo contrario, muy pronto, pasado el sensacionalismo del momento, los peruanos en el exterior pasarán otra vez al olvido, hasta la próxima nueva tragedia.



Chile al borde de retrógrada ley de migraciones

 

Ricardo Jimenez A.

Es una responsabilidad ética y ciudadana de cada persona, de cada entidad civil, pública e internacional, impedir activamente que este grave retroceso democrático y contrario a los derechos humanos y la integración regional se realice.

El gobierno chileno tiene casi finalizado un proyecto de nueva ley migratoria que recoge en su mayoría la letra y el espíritu de la retrógrada, discriminatoria y xenófoba ley actual hecha por la dictadura militar de Pinochet, terminando en todo lo posible con las medidas avanzadas por las administraciones democráticas precedentes y desconociendo las obligaciones legalmente asumidas por Chile en materia de derechos con la comunidad internacional y con los procesos de integración regional. Según trascendidos, el borrador está casi finalizado por parte del ejecutivo para ser enviado al congreso, detenido sólo en el Ministerio de Hacienda que estaría buscando recortar aún más las pocas normas que quedan y que garantizan derechos por considerar que es un “gasto indebido”para el estado.

Sorprender y legitimar con el secretismo

Para cumplir la difícil tarea de legitimar políticamente y hacer legal un cuerpo tan gravemente anti democrático y violatorio de los derechos humanos, la estrategia ha sido doble. Por un lado el secretismo; algo impresentable es mejor no mostrarlo, y de este modo el borrador ha sido “socializado” únicamente con entidades de estado, del alto empresariado y de organismos ideológicos afines. Contrariando las normas y principios de transparencia, el borrador no ha sido hecho llegar a la enorme red de entidades civiles especializadas e involucradas en la temática de migraciones, y no puede ser encontrado en ningún sitio internet del estado o de la sociedad civil. Por otro lado, complementariamente a este secretismo, se busca sorprender a la ciudadanía haciendo vagas referencias a que las consultas para una nueva ley migratoria realizadas por el anterior gobierno habrían sido tomadas en cuenta para la elaboración de este texto. Juzguen las entidades consultadas en esa ocasión hasta donde esto es así.

Como la necesidad de una nueva ley migratoria que modernice, democratice y adecue al país a los procesos migratorios y de integración regional es una reivindicación largamente sentida, con esa doble estrategia el gobierno pretende usar esa necesidad y ese sentimiento para hacer todo lo contrario y sorprender al congreso para que apruebe lo antes posible la nueva e impresentable ley.

Es una responsabilidad ética y ciudadana de cada persona, de cada entidad civil, pública e internacional, impedir activamente que este grave retroceso democrático y contrario a los derechos humanos y la integración regional se realice. Sólo un debate amplio, transparente, informado, participativo, plural, que incorpore los aportes de los actores involucrados y especializados en la temática y las obligaciones legales del país con la comunidad internacional y regional, podrá modernizar y adecuar la política migratoria de Chile para insertarlo de manera democrática en el siglo XXI.

Un análisis

Más allá de que, rompiendo la estrategia de secretismo y sorpresa del gobierno, hacemos público el borrador de proyecto de ley para su amplio debate como exigen los principios democráticos, y cada cual podrá juzgar su espíritu y su letra, abriendo un debate imprescindible para la elaboración de una ley, hacemos aquí sólo algunas breves pero sustanciales referencias.

Continuidad dictatorial

En primer lugar, cabe hacer notar que el texto conserva casi literalmente un 70% del actual texto Ley 1094 de 1975, lo cual habla a su vez de la manera en que recoge el espíritu retrógrado, controlista y represivo, cerrado a los compromisos internacionales de derechos y a la integración regional, de esa normativa.

Lo poco y mal que recoge

Ciertamente, recoge algunos avances formales logrados en las administraciones pasadas. En algunos casos, se trata de normas que no puede desconocer al ser ley, este es el caso de las que emanan de las leyes de Refugio N° 20430 de 2010, y de Combate a la Trata de personas y tráfico de migrantes N° 20507 de de 2011. Otras las incorpora sesgándolas, como la creación del Consejo de Política Migratoria (Letra a del número 8 del Instructivo presidencial 009, de septiembre de 2008). Aunque limita y sesga esa importante medida al definir a sus 7 ministerios miembros (art. 158 del borrador) con claro sesgo de control, represión y economicista. Violando el espíritu del instructivo que originó la idea, el cual se puede encontrar en los destinatarios del mismo (“Distribución” en última página del Instructivo), que incluyen de manera transversal e integral a muchos más ministerios, señaladamente a los de Educación, Salud, Vivienda, Cultura y Servicio Nacional de la Mujer.

Del mismo modo recoge algunas importantes recomendaciones del Comité de ONU para los Trabajadores Migrantes, hechas al Informe del estado chileno en septiembre de 2011, tales como: La no devolución de las víctimas de trata (recomendación N° 47, letra f, del comité de ONU y art. 67 del borrador). El otorgamiento a los “dependientes” de residencia titular en caso de disolución de vínculo o fallecimiento del titular inicial (recomendación N° 40 del comité de ONU y art. 73 del borrador). Aunque deja abierta e indefinida en sus condiciones (es decir, a la discreción arbitraria de la autoridad) la posibilidad de negar ese otorgamiento. Sin embargo, incorpora una propuesta importante de la sociedad civil, considerar como apta para residencia “dependiente” al (a) “conviviente” (art. 70, letra a del borrador). Finalmente, recoge la recomendación (N° 33 del comité de ONU) para que los hijos de extranjeros transeúntes (o irregulares) puedan recibir la nacionalidad chilena, si es que no les puedan trasmitir la propia (art. 4 transitorio del borrador). Aunque el borrador ignora por completo la recomendación complementaria del comité en el sentido de adherir a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. En cambio, son numerosas y graves las recomendaciones del mismo Comité de la ONU a las que hace oídos sordos: Las más generales, referidas, justamente a que el borrador de anteproyecto de ley esté “plenamente conforme con las normas internacionales” (recomendación N° 9 del comité de ONU). Y otras sobre reservas e inactividades del estado frente a la convención de Trabajadores migratorios y respecto del instituto de derechos humanos (recomendaciones N° 11, 13 y 15 del comité de ONU). Todas absolutamente ausentes en este borrador.

Lo mucho que desconoce

Especialmente, hace oídos sordos a la recomendación referida a garantizar que no haya prácticas policiales violatorias de derechos en controles fronterizos (recomendación N° 23 del comité de ONU), de abrumadora evidencia en fronteras y el aeropuerto en la actualidad, completamente ausente en el borrador. La de permitir libremente la salida de infractores de las normas migratorias (recomendación N° 25 del comité de ONU), expresamente contrariada por el art. 28 del borrador. La de contar con informes detallados (y públicos) del número de detenidos por infracciones a las normas migratorias, su duración y condiciones de detención (recomendación N° 27, letra a del comité de ONU), completamente ignorada en el art. 162 del borrador sobre registro nacional de extranjeros. La de ampliar el plazo de apelación de expulsiones (recomendación N° 29 del comité de ONU), expresamente contrariada por el borrador en su art. 139 que recoge el exiguo plazo de 24 horas de la ley actual. Además, en el párrafo 3 del mismo art. 139 el borrador establece la posibilidad de “renuncia” del afectado a ejercer su derecho a recurso, lo que al igual que la “renuncia” a contar con la asesoría de su consulado, es denunciado permanentemente como un reiterado abuso de la policía.

La de ajustar las normas de reunificación familiar “en consonancia con la convención de trabajadores migratorios” (recomendación N° 39 del comité de ONU), expresamente contrariada por el art. 13 del borrador, que establece el limitado derecho a “solicitar” dicha reunificación, que una vez más queda al criterio discrecional (no regulado expresamente) de la autoridad otorgar o no. Esto significa también un grave retroceso de lo avanzado en el gobierno anterior, que había expresamente puesto la reunificación familiar como principio de la Política migratoria nacional (número 7, letra a, párrafo ix del Instructivo presidencial N°009 de 2008). Mientras que este principio está absolutamente ausente en todo el párrafo IV De la política nacional de migración (arts. 18 a 20) en el borrador. En la misma forma, están absolutamente ausentes en todo el texto del borrador y en especial de sus “consideraciones” y “orientaciones” de la política nacional migratoria (arts. 18 y 19 del borrador) el compromiso con los derechos humanos y ciudadanos, la integración regional y la no discriminación. Todos consagrados en el gobierno anterior (Instructivo presidencial N°009 de 2008, número 7, letra a, párrafos i a x). Más aún, son numerosos los artículos del borrador que contrarían estos principios. Entre los más graves, está el retroceso que significa en el borrador abandonar el principio de “Libertad de pensamiento y de conciencia” consagrado durante la administración anterior (Instructivo presidencial N°009 de 2008, número 7, letra a, párrafos ii), y que el borrador expresamente contraria, recogiendo la normativa actual de la dictadura militar que establece criterios subjetivos, no referidos a sanciones legales, tales como los señalados en el art. 82, números 1,4 y5 del borrador, y en el art. 87, número 7.

Criminalización y sanciones a migrantes, discrecionalidad e impunidad a funcionarios

El des-compromiso de la actual administración y de su borrador con los derechos humanos, ciudadanos y sociales, y su prisión en la óptica refractaria, controlista y represiva de la migración, queda de manifiesto en el largo, detallado y draconiano establecimiento de sanciones a infractores de la normativa migratoria, incluyendo el incumplimiento de plazos y formalidades que se castiga a con multas que en muchos casos superan el equivalente a un salario mínimo mensual (Título IV De las infracciones y sanciones migratorias del borrador). Pero va más allá aún, y en un claro e inédito criterio criminalizador de la irregularidad migratoria, el texto es expreso y detallado en señalar las obligaciones de empleadores, hospederos, educadores, transportistas y municipalidades en denunciar a migrantes irregulares, estableciendo las sanciones que recibirán de no hacerlo (Título V De las obligaciones de medios de transporte internacional, empleadores y hospederos, y arts. 103, 104, 115, 143 del borrador).

En contraste, no se incluyen en ningún caso sanciones a funcionarios públicos que incumplan mandatos que representen derechos de los extranjeros, por ejemplo, si incumplen u obstaculizan sus derechos a salud y educación, ya limitados únicamente a ciertas categorías de extranjeros y a ciertos servicios sociales públicos (arts. 11 y 12 del borrador), o si se cometen abusos policiales durante control migratorio. Esto incumple las recomendaciones hechas al estado de Chile por parte del Comité de derechos de trabajadores migratorios de ONU en 2011 (recomendaciones N° 31 y 35 sobre salud y educación, así como N° 19 para combatir activamente las discriminaciones), y alienta los incumplimientos de obligaciones estatales, los abusos y violaciones de derechos por parte de funcionarios estatales. Finalmente, esta ausencia de sanciones (y aún de condiciones o regulaciones) a los funcionarios públicos que violen derechos, resulta contradictoria y deja en calidad de mera declaración sin efectos prácticos lo señalado por el mismo borrador en el art. 9, respecto de “igualdad de derechos” y de que “se asegurará” a los extranjeros la no discriminación.

Complementariamente a este sesgo desconocedor de derechos y alentador de abusos y violaciones, son numerosas las ocasiones en que el texto deja sin condiciones ni regulaciones expresas, al puro criterio discrecional (y arbitrario) de la autoridad o de funcionarios el otorgamiento o revocación de medidas que en muchos casos tienen grave efecto sobre los derechos de los extranjeros afectados. Es el caso de la“solicitud” (no el derecho) a la reunificación familiar (art. 13 del borrador); la concesión de salida a infractores (art. 28 del borrador); el plazo de permisos transitorios “hasta por” 90 días (art. 44); los permisos de residencia temporal concedidos por “concordancia con los objetivos de la política nacional de migración” y “otros casos debidamente calificados” (art. 65 del borrador); el cambio de calidad migratoria de “dependiente” a “titular” que se puede conceder o no (art. 73 del borrador); el rechazo o revocación de cualquier permiso de estadía por “no ser concordantes con los objetivos de la política nacional de migración” (art. 87, número 7 del borrador); la sustitución de una medida de abandono del país por una residencia “con el solo mérito de los antecedentes”(art. 88 del borrador); la revocación o suspensión de expulsión y retorno asistido “en cualquier momento por la misma autoridad que las dictó” (art. 131 del borrador); entre otras similares.

Reticencia a la integración regional

En un claro sesgo reticente a la integración regional y la construcción de una ciudadanía suramericana, el art. 173 del borrador da “por ratificado” el importante Acuerdo de Residencia de Mercosur, Bolivia y Chile, del año 2002, que ya se aplica desde 2009, dejando significativamente omitido la necesidad de ratificar e implementar las adhesiones legales hechas por Perú y Ecuador en 2011 y Colombia en 2012, que el Congreso chileno no ratifica, a pesar de incumplir con el principio de reciprocidad con Perú que ya aplica este tratado migratorio de integración regional a los chilenos.

Chilenos en el exterior

El título XII de los chilenos en el exterior se limita a mantener los programas de apoyo al retorno creados por las administraciones anteriores pero presenta un silencio elocuente y una omisión completamente significativa del derecho al voto de los chilenos en el exterior, la reivindicación más sentida y exigida públicamente por sus organizaciones.

El imaginario de un Chile encerrado

Lo más trascendente en términos de visualizar hacia dónde quiere ir este gobierno en materia de política migratoria, y considerando la política migratoria de los gobiernos precedentes, claramente insuficiente pero con importantes avances, se puede encontrar en los art. 54 y 159, que a pesar de estar distantes en el texto aparecen absolutamente complementarios a la luz de la realidad. El primero de ellos (art. 54) establece que los titulares de permisos de transeúntes (turistas) no podrán postular a permisos de residencias; es decir, termina con el mecanismo que ha permitido la regularización de más del 90% de los actuales inmigrantes en Chile en la última década. El segundo de ellos (art. 159) establece que el Consejo de Política Migratoria, integrado mayoritariamente por entidades de estado de seguridad y defensa, puede proponer al gobierno “el número… tipo… y tiempo determinado” de permisos migratorios que considere adecuado. O sea, el establecimiento de cuotas limitadas y determinadas por el estado. Una política propia del siglo XIX, ajena a las realidades regionales y que el gobierno y sus organismos ideológicos afines pretenden legitimar con el eufemismo de “política de fronteras abiertas pero selectiva”. Lo que revela el imaginario social y simbólico que está a la base y sustenta este proyecto, la anti-utopía de un Chile encerrado sobre sí mismo, aislado, desconfiado, reticente y de espaldas a la comunidad internacional y regional.

¿Es este el Chile que queremos?

Fuentes:

- El Informe de observaciones al estado de Chile del Comité de ONU de derechos de los trabajadores migratorios puede verse en:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.CHL.CO.1-S.pdf

- El Instructivo presidencial para la política migratoria de Chile de 2008 puede verse en el sitio internet:

http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20Nº%209.pdf

La Esperanza racista de Chile

 

Ricardo Jiménez A.

 

Es imposible recorrer las principales avenidas o calles de Santiago Centro y no ver la concentración de peruanos, proliferación de sus restaurantes y negocios de telefonía; o ir a una fiesta con los amigos y no escuchar a Américo, cantante chileno, cuyo repertorio son reinterpretaciones de todas las canciones del grupo peruano de cumbia, Grupo 5. Al igual que es poco probable vivir en Santiago y no conocer la procesión del Señor de los Milagros, una de las expresiones más importantes de la religiosidad peruana que desde hace algunos años recorre las principales calles del centro de Santiago todos los octubres congregando a peruanos y a los propios chilenos, enriqueciendo con sus colores la ciudad. Como en ningún otro tiempo, Chile vive la mayor concentración de inmigrantes en su historia, 370 mil extranjeros residiendo en su suelo. Sin duda alguna la comunidad más grande es la peruana, con el 37% de la población inmigrante, y la más visible culturalmente.

Obviamente tanto para el imaginario de la población chilena como de la peruana, este no es cualquier encuentro. Se trata de dos pueblos que hace menos de de 150 años fueron arrastrados a una guerra de agresión y saqueo por parte de Chile, cuya élite dirigente debió justificarla con el manoseado pretexto “civilizador”, un pueblo moderno y pujante que “lleva la modernidad”, por medio de las armas y la violencia, a un pueblo atrasado, “cholos” e “indios” que necesitan la invasión para ingresar al mundo organizado y moderno. Pretexto que pocos años después de la agresión a los pueblos de Perú y Bolivia será invocado para justificar similares crímenes contra el pueblo Mapuche.

Es el cinismo histórico de la élite y clases dirigentes chilenas, que además de ser por definición anti populares, como las de Perú y las demás repúblicas oligárquicas y excluyentes latinoamericanas, mantiene pretensiones hegemónicas con los países andinos y vecinos. Cinismo cuyo camino permanente puede rastrearse desde el derrocamiento del primer gobernante independiente de Chile, Bernardo O´Higgins, a quien acusan de “autoritario” por atacar sus privilegios, reconocer el Estado Mapuche y ser radicalmente latinoamericanista (justamente acogido en Perú), hasta el actual diferendo marítimo en la Corte Internacional de la Haya, cuya competencia los representantes de la elite chilena han aceptado pero dejando siempre la puerta abierta en sus declaraciones públicas de que, de no serles favorable el fallo de la Corte, no lo cumplirían. Ni sinceridad en no aceptar la competencia de la Corte, ni sinceridad para aceptar cabalmente sus resultados una vez aceptada la competencia. Es lo que el habla popular llama “a la chilena”, es decir, cínicamente.

Una esperanza racista

Pero toda élite oligárquica necesita que las mayorías, incluso los sectores “progresistas” (ahí está el curioso caso de las declaraciones públicas contra Perú de Guillermo Tiellier, dirigente comunista que más parece “chovinista”) hagan suyos estos intereses y este cinismo. Y para eso están los medios masivos de comunicación. Ya hace unos años se realizó una telenovela sobre la Guerra del Pacífico, pero fue un fracaso de audiencia porque sus mensajes y contenidos abiertamente chovinistas resultaron burdos hasta el ridículo para la gente. Ahora, un intento más sutil, más cínico, más “a la chilena”, sí ha logrado el éxito de audiencia. Se trata, nada menos, que del canal de televisión nacional, estatal, TVN, que a la frivolidad y superficialidad que caracteriza la TV en Chile viene a agregar ahora este culebrón “Esperanza”[1] que difunde masivamente, con total irresponsabilidad, los prejuicios y estereotipos discriminatorios contra el pueblo peruano en las mayorías chilenas.

Cínicamente, “a la chilena”, se presenta como “una denuncia de la discriminación”. Una vez más, se agrede, ahora con las armas simbólicas de la cultura, al pueblo peruano “por su bien”. La trama es sencilla: una joven peruana, “Esperanza”, llega a Chile a trabajar de empleada doméstica (“nana” en el habla popular chilena), para enviar dinero a su pequeño hijo en Perú. ¿Pero qué mensajes exactamente trasmite esta telenovela a millones de chilenos, y a través del cable a millones de personas en otros países? Se puede ver en Perú mismo, por ejemplo.

Otra “nana” de la casa, chilena, la odia a muerte “por venir a quitar trabajo a los chilenos”. Todos los personajes peruanos son pobres, con poca educación, e incluyen a un traficante de niños, es decir, representan todo lo negativo, lo amenazante. El personaje central y todos los demás peruanos son interpretados por actores chilenos que desconocen por completo los modos, modismos y entonaciones de los peruanos, hablando una mezcla que ya no es chilena, ni peruana y ya no se sabe qué es. Con expresiones recurrentes que jamás usan los peruanos y que más recuerdan a los campesinos mexicanos, como “Espereme un tantito…” y muchas otras similares. Sus actitudes son sumisas, buscando agradar todo el tiempo, y comprensivas con las agresiones e insultos de los chilenos, que incluyen perlitas como que el “tacu tacu es comida para perros”. En dos palabras, son inferiores y dependientes. Se trata en suma de la fabricación sutil de una caricatura, un estereotipo que refuerza todos los prejuicios racistas y xenófobos en la población como si fueran “verdad”. Claro, como todas las caricaturas y estereotipos, se alimenta de la ignorancia y el desconocimiento real de quien se caricaturiza, por eso resulta necesario y coherente la pésima preparación por parte del equipo director y de los actores sobre la real cultura peruana.

Por otro lado y complementariamente, el imaginario de Chile y los chilenos que nos muestra la telenovela es de modernidad, civilización y acogida al “buen salvaje” peruano. En el primer capítulo inicial de la telenovela, al cruzar la protagonista la frontera de Chacalluta (donde el maltrato y la devolución arbitraria de peruanos es evidente cada día), el funcionario chileno le sella el pasaporte rápidamente y le dice sonriendo: “bienvenida a Chile”, la cámara hace un primer plano a la bandera chilena flameando en cielo radiante. “Esperanza” llega retrasada a su trabajo el primer día, pero le explica a una comprensiva patrona chilena, que es porque “en esta ciudad tan grande con tantos carros cuesta entender cómo moverse”. Santiago, la ciudad “tan grande” tiene 3.5 millones de habitantes, Lima en Perú, 9 millones.

Responsabilidades compartidas

Ciertamente, las responsabilidades son compartidas, aunque sean mucho mayores las de la elite y el Estado chileno, cuyo canal estatal, nada menos, envenena a la población con el racismo y la xenofobia de esta “Esperanza”. No olvidemos que son oficiales militares peruanos quienes se prestan, bajo órdenes chilenas, a destruir la Confederación Perú Boliviana, último intento de la generación independentista de reconstruir el ideal de integración, que por otro lado un chileno, Bernardo O´Higgins, apoyó resueltamente en contra de los designios fragmentadores de la oligarquía chilena. Que otro "presidente" peruano, Alberto Fujimori, favoreció con privatizaciones fraudulentas entre otros capitales a los de Chile, cuyas racionalizaciones generaron el alto desempleo y precariedad del empleo que llevó a muchos de los afectados a buscar ese empleo justamente en Chile. Que otro presidente peruano, Alan García, firmó un Tratado de Libre Comercio, bajo el eufemismo de ACE, en que se permite a capitales chilenos toda libertad en Perú pero se prohíbe a capitales peruanos abrir bancos en Chile. Y, por último, que varios medios masivos de comunicación peruanos se han prestado para coberturas que “celebran” la telenovela chilena repitiendo el cinismo de que busca “denunciar la xenofobia y buscar la integración”.

Como se ve, frente a la “Esperanza” racista de TVN de Chile, nuestra esperanza de una integración regional fuerte y fraterna, es decir con justicia, tiene, como decía el gran César Vallejo, todavía “mucho que hacer”, al otro lado de la frontera del poder y las élites, tanto en Chile como en Perú.

[1] Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=GkJxZ2soBZo&feature=related