Reflexiones personales sobre ministros y nacionalistas

Durante varios años participé de las esperanzas y esfuerzos de grandes sectores del pueblo peruano por llevar al Humala candidato a la presidencia. En ese camino conocí a varios jóvenes militantes del Partido Nacionalista, con algunos y algunas incluso llegué a tener una sincera estimación.  

Tras las matanzas de manifestantes en Cajamarca y Espinar, con las que el Humala presidente se entregó sin limitaciones a los poderes fácticos de siempre, perdí todo contacto con ellos, salvo por alguna ocasión en la que nos encontrábamos casualmente.

En esas ocasiones, algunos de estos  jóvenes que aún permanecen al lado del gobierno nacionalista, se me acercaban y tras saludarme, comenzaban a explicarme que ellos se mantenían dentro del partido de gobierno porque luchaban internamente “para enmendar el camino”, que había distintos tipos de nacionalistas y ellos seguían siendo auténticos defensores de la soberanía, los derechos del pueblo y la unidad latinoamericana.

Era al mismo tiempo un claro reconocimiento de la traición de Humala en el gobierno, al que se buscaba presentar como una especie de pasajero extravío en el camino, y también una justificación “ética” de la propia presencia en ese extravío, luchando por enmendarlo.

Con el tiempo, cada vez se me hacía más difícil poder creerles, tras la sucia falsedad que fraguaron con apristas y fujimoristas en el congreso contra Javier Diez Canseco; la renovación de contrato a Telefónica por casi 20 años, sin que pague un sol y debiendo 5 mil millones de soles al estado; la mantención y confirmación de la infame Alianza del Pacífico anti latinoamericana; la repartija de cargos del estado con el fujimorismo; la privatización de Petroperú y su prohibición de industrializarse; y en fin, una larga e indecorosa lista.

Ahora, con el auto aumentazo de los ministros al 100% de sus salarios millonarios, los mismos ministros que niegan presupuestos y sólo tienen denuestos, palos, balas, perros, caballos y policías para lanzar sobre trabajadores estatales que piden subir sus salarios, que son de los más bajos en toda la región, comprendo finalmente que estos nacionalistas con los que hablaba tenían razón.

Hay diferentes nacionalistas dentro de su partido: los de 1.000 soles mensuales, los de 3.000 soles mensuales, los de 6.000 soles mensuales y los de más de 6.000 soles mensuales y sin límite hacia arriba.

   

“CUERDAS SEPARADAS”, COMPLICIDAD PERUANA CON PREPOTENCIA CHILENA

Hace exactamente un año, el 5 de febrero de 2013, publiqué un artículo titulado: “El Perú se ahorca con sus propias cuerdas separadas”, en alusión al nombre con que su creador, el ex presidente Alan García, bautizó la política histórica peruana de ser cómplice y subordinada de la chilena.

Este 9 de febrero próximo, en Colombia, se realizará la VII cumbre de la alianza del pacífico que agrupa a Chile, Perú y Colombia, últimos gobiernos neoliberales en Suramérica.  A pesar de que es quizás la última gran oportunidad que tiene el Perú para exigir a Chile el cumplimiento cabal del fallo de la Corte de La Haya so pena de no asistir a dicha cumbre, el presidente de Perú, Humala, ya informó públicamente que participará en ella. Una muestra de la feroz persistencia de esta política.
 

En este contexto, varios analistas peruanos están convergiendo en la tesis central de aquel artículo que publicara hace un año que parece propicio volver a entregar íntegramente.

 

Perú se ahorca con sus propias cuerdas separadas (5 de febrero de 2013)

 

Cuando en estos días los medios masivos de comunicación en Perú vuelven a hacer gala de un anti chilenismo de portada, ante las impresentables declaraciones públicas del presidente chileno en el sentido de condicionar una solución marítima a Bolivia a la renuncia por parte del Perú a su reclamo limítrofe marítimo, conviene recordar que la clave del problema chileno peruano, su "nudo", está en las denominadas “cuerdas separadas”.

 

Es un término creado por el ex presidente Alan García para responder a las críticas que despertaba la alianza política neoliberal y la subordinación económica del Perú oficial hacia la clase dirigente y los poderes económicos de Chile. Las cuerdas separadas eran una metáfora para explicar que mientras por un lado se podía y debía favorecer en todo a los intereses económicos de los grupos chilenos, y mantener con Chile una férrea alianza política neoliberal en contra de la integración con soberanía que impulsan en UNASUR la mayoría de los países de la región, por otro lado se podía al mismo tiempo reclamar públicamente a Chile una definición de los límites marítimos bilaterales que terminara con la actual situación de hecho, claramente perjudicial e injusta con Perú. Esto sería lo “inteligente” y lo “responsable” frente a Chile.

 

La idea era contradictoria pero finalmente útil. En el Perú neoliberal donde lo indebido, lo ilegal, lo doloso y hasta lo impensable es lo cotidiano para la clase dirigente una fórmula justificatoria como ésta no podía tener otro destino que ser profusamente usada, convirtiendo a su autor en el mentor ideológico de hecho de la élite neoliberal peruana. Un ejemplo nada más, es la reciente renovación de contrato a la trasnacional española Telefónica. Las cuerdas separadas permitieron al gobierno renovarle el contrato para usar el espacio radioeléctrico del Perú por 18 años y sin pagar un solo sol, porque era "lo más adecuado económica, técnica e internacionalmente para el Perú", mientras al mismo tiempo debe casi 5.000 mil millones de soles al estado, que se niega simplemente a pagar, entrega un pésimo servicio e impone una de las tarifas más caras de la región.

 

A pesar de ello, lo más difícil de tragar para la opinión pública peruana es la extraña lógica de que se espere obtener de Chile un cambio de actitud respecto de los límites marítimos, cuando manteniendo la actual actitud obtiene la más leal complicidad política neoliberal y todas las ventajas económicas de parte de la clase dirigente peruana.

 

Esta paradoja y el malestar que genera fue parte importante de la base del triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala, quien siendo candidato movilizó el reclamo ante Chile y denunció sus ventajas y monopolios económicos en Perú, pero ahora es un férreo continuador de la denominada “Alianza del Pacífico”, bloque neoliberal liderado por Chile en contra de la UNASUR soberana, y del favorecimiento de los intereses económicos chilenos en Perú, repitiendo religiosamente el discurso de las cuerdas separadas para justificarlo.

 

Sin embargo, el hecho objetivo, material, incontestable, es que los poderes políticos y económicos hegemónicos en Chile no tienen ninguna razón real, concreta, para cambiar su actitud y establecer un nuevo trato justo y digno con el Perú oficial que se les subordina en todo lo importante.

No existe un solo caso en miles de años de historia en que un actor cambie su actitud abusiva hacia otro, mientras éste se mantenga alegremente subordinado en lo económico y en lo político. Y el Perú alegremente se ahorca con sus propias cuerdas separadas.

 

 

A Chile le hace muy bien el fallo de La Haya

Chile es un país cuya oligarquía, desde el derrocamiento de O´Higgins, acérrimo patriota latinoamericanista, ha construido el país en torno a sus intereses patrimoniales a través de una política expansionista y de guerras de saqueo hacia otros pueblos: el pueblo Mapuche, y los pueblos de Perú y Bolivia. Incluyendo horrendos crímenes de las tropas chilenas, bien documentados por historiadores chilenos como Milton Godoy para el caso de Perú y José Bengoa y Sergio Grez para el caso del pueblo Mapuche. El pueblo, forzado (literalmente, a veces borrachos en cantinas despertaban en los trenes rumbo a los frentes de guerra), envenenado por la demagogia chovinista o con profundos atrasos de conciencia debido a la ignorancia, era movido como instrumento de esta política.

Por cierto, cuando este pueblo en apenas tres ocasiones a lo largo de su historia puso en el gobierno presidentes auténticamente patriotas, es decir, que no se movían por los intereses  de la oligarquía y que no eran de su gusto, simplemente también les declaró la guerra y los derrocó: Bernardo O´Higgins, José Manuel Balmaceda y Salvador Allende. Como para dejar claro que para la ellos la patria no son más que sus intereses y sus negocios.  

En los tres casos, Mapuche, Perú y Bolivia, no se trató de disputas sobre límites difusos heredados de la administración colonial española, caso muy común en toda Suramérica, sino de territorios que claramente, legal y legítimamente, eran indiscutiblemente de sus originales países, y que Chile por el único expediente de la fuerza bruta se los arrebató y anexó. Esto hace poco más de un siglo.

Desde entonces, ese mismo estado oligárquico y su clase política dirigente se ha empeñado ferozmente en mantener un discurso chovinista y prepotente hacia esos pueblos hace poco agredidos y envenenar con él  la población chilena, al tiempo que la mantiene en la ignorancia, rebajándola ética e intelectualmente. Un hecho que evidencia este proceso es la circulación en estos días de un “meme” por internet en que aparece el ex dictador chileno Pinochet diciendo que si él estuviera en La Haya, discutiría  si entregar o no Lima. No sólo una apelación a los más bajos anti valores humanos, sino una gran ignorancia por parte de quienes lo circulan de un hecho histórico y público, que es justamente el ex dictador el que, por diversas circunstancias muy específicas, ha estado hasta ahora más cerca de devolver una salida al mar a Bolivia a través de actual territorio chileno, lo que propuso  en 1975.  

Sobre ese discurso, y por haber tomado la opción de servir a los intereses de los poderes fácticos foráneos, la clase dirigente chilena se ha puesto de espaldas a toda la región suramericana, integrando la infame Alianza del Pacífico junto a los otros dos últimos reductos neoliberales: Colombia y Perú, opuestos a los procesos de cambio hacia la soberanía, la justicia social y la integración continental que recorren y avanzan en todos los países de la región.  

Por eso,  a Chile, al pueblo chileno e incluso a esa clase dirigente, le hace muy bien el fallo de La Haya, pues representa la única forma, a golpes, dolorosa, en que han querido aprender una verdad objetiva: que ya no pueden seguir de espaldas y en contra del continente. Aunque sea a regañadientes han de formar parte de un continente unido, soberano y justo, y para eso se necesita resolver los temas pendientes.

Para el pueblo chileno, representa la oportunidad de romper las cadenas de la ignorancia y la manipulación demagógica, para empezar a pensar de verdad una Patria, es decir, justa, soberana e integrada continentalmente.

Las fuerzas progresistas chilenas deben comprender que esto es una cuestión fundamental, programática y ética, que no puede ser relativizada o abandonada, sin perder la esencia de lo que se busca construir, sin rebajarse al chovinismo y a la subordinación ideológica a la oligarquía.  Felizmente, como hemos presenciado estos días, esto ya está ocurriendo. Ciudadanos y fuerzas sociales y políticas chilenas se han manifestado, pública y activamente, contra el chovinismo, y cada vez son más y más fuertes.

Patria es cada vez menos la ignorancia y el chovinismo que busca ocultar la verdad histórica y los intereses espurios de unos cuántos, y cada vez más verdad histórica, unidad continental con bien común, soberanía y justicia para las inmensas mayorías.  Por eso, el fallo de La haya le hace muy bien a Chile.
 

 

  

Perú declara guerra, no a Chile, sino a los peruanos

Mañana miércoles 22 de enero, a las 6 de la tarde, habrá un plantón en Plaza San Martín en el centro de Lima. A sólo 6 días del fallo por el diferendo limítrofe chileno peruano en la Corte Internacional de la Haya, podría pensarse que ese es el tema de la convocatoria. Pero no.

El plantón es en rechazo a la denominada “Ley de impunidad”, N° 30151, promulgada recientemente, que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, eximiendo de responsabilidad penal a policías y militares que en cumplimiento de su deber causen muertes o lesiones. La ley ya ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos y parece muy probable que tarde o temprano terminará arrastrando al Perú a enfrentar denuncias en cortes internacionales de las que es parte.

¿Cómo explicarse una Ley semejante en el mismo momento en que se llama públicamente a la unidad de los peruanos frente al fallo de La Haya? Evidentemente, tiene que ver con el hecho de que el actual gobierno y el anterior se han caracterizado por una creciente presencia de conflictos sociales con resultado de numerosas muertes de manifestantes por parte de la represión policial.

Hoy al igual que ayer, el Perú oficial se muestra más inclinado a declarar la guerra a su propio pueblo que a abandonar la denominada "política de cuerdas separadas", obsequiosa con los negocios del vecino que le arrebató parte importante de su territorio.

 

“CONSTITUCIÓN DE 2005”, ¿TROPEZAR DE NUEVO CON LA MISMA PIEDRA?

"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Tenemos hoy por fin una Constitución democrática”

Ricardo Lagos

Más allá de los balances que puedan o no hacerse del gobierno del ex presidente chileno Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006, un hecho indiscutible es el absoluto fracaso de su pretendida “nueva” constitución, pactada en el congreso entre la concertación y la derecha pinochetista.

 

A pesar de la millonaria propaganda televisiva, que repetía hasta al cansancio la firma del presidente reemplazando la del ex dictador Pinochet en el texto, y las 58 reformas que eliminaban algunos de los más antidemocráticos de sus preceptos, no sólo no logró convencer al país y al mundo de que se trataba de un cambio de Constitución, sino que en la actualidad, a apenas ocho años de distancia, la inmensa mayoría de los chilenos ya ni siquiera recuerda lo que a Lagos le pareció en su momento un acto de refundación institucional.


Hoy, más que ayer, crece en Chile la demanda de terminar con la desprestigiada constitución de Pinochet. Ha sido uno de los temas claves de las recientes elecciones y, aunque fragmentadas, las fuerzas que la exigen, incluyendo a buena parte de las de la electa Presidenta Bachelet, suman en conjunto una clara mayoría. Eso, sin considerar a la mitad del electorado que no votó, justamente, por el desprestigio institucional de la política, que emana antes que nada de esa misma constitución pinochetista.   

 

Bachelet ha ganado mayoría en el congreso pero no la suficiente para reformas profundas. La misma constitución pinochetista (o “laguista”, si se quiere) lo hace imposible con mínimos inalcanzables. Ni hablar de Asamblea Constituyente, no existe tal posibilidad.

 

Por eso, importantes y crecientes sectores sociales y políticos han planteado públicamente una salida posible, un camino que impone la voluntad política de democratizar por encima de la camisa de fuerza dictatorial que representa la institucionalidad heredada.

 

Proponen que la presidenta de la república llame a un plebiscito no vinculante para que la Nación soberana se pronuncie al respecto. Aunque no sería vinculante, es decir obligatorio, de todos modos, con un resultado favorable, y eventualmente con movilización social de respaldo, se presionaría al congreso y las fuerzas conservadoras en él para convocar a una Asamblea Constituyente que genere un auténticamente nuevo y legitimado texto constitucional.

 

Sin embargo, la presidenta electa y su coalición muestra discrepancias, indecisiones e inercias muy fuertes al respecto, y a ratos parece inclinarse por desechar esa opción democratizadora y recorrer otra vez el mismo camino del ex presidente Lagos, el de las reformas parciales pactadas con el pinochetismo entre las cuatro paredes del congreso.

 

Algo así como poner su firma en el texto constitucional pinochetista, sobre la firma de Lagos, e intentar como él convencer al país y al mundo de que se trata de uno nuevo y democrático.

 

¿Estará la ciudadanía hoy más dispuesta que ayer a una operación semejante? ¿No será más bien un camino seguro a tropezar de nuevo y con la misma piedra?

 

 

Chile puede perder en La Haya pero comprar Petroperú

Parece un chiste, pero no lo es. El congreso peruano acaba de aprobar una ley, N° 3062, que desnacionaliza una de las principales riquezas del país: el petróleo. El artículo 3 de esa ley permite vender la propiedad de hasta el 49% de Petroperú, la empresa estatal nacional del petróleo, a capitales extranjeros, incluso estatales, por ejemplo de Chile, con quien en el mismo momento se tiene un diferendo marítimo limítrofe en la Corte Internacional de La Haya.

Pero eso no es todo. Chile, literalmente, podría también obtener los beneficios de la industrialización del petróleo peruano, con más y mejor empleo, desarrollo técnico y valor agregado. El artículo 6 de la misma ley impide expresamente que la empresa estatal nacional, o sea el Perú, pueda desarrollar y beneficiarse de esa industrialización, entregándola a manos privadas y extranjeras.

Si hasta ahí parece un chiste, lea todavía esto: la mayoría del congreso, y el gobierno, que han impuesto esta ley  dicen llamarse “nacionalistas”. 

En octubre de 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado nacionalizó esta empresa petrolera, entonces en manos de capitales trasnacionales norteamericanos. Para ello ocupó militarmente las instalaciones petroleras de Talara. Ahora, 45 años después, se produce esta desnacionalización teniendo como escenario la misma Talara, cuya modernización es el objeto de la ley 3062.

En el año 68, la nacionalización significó una dura lucha del país y en especial de los trabajadores y técnicos  petroleros peruanos que debieron superar los bloqueos, sabotajes y amenazas de los poderes petroleros privados mundiales, para finalmente salir airosos y operar eficientemente conservando aquella riqueza para el Perú. A los congresistas oficialistas les tomó sólo unas horas y una firma para terminar con ese legado.

 

Mientras la joven congresista por Cusco, Verónika Mendoza, presentaba una moción de su bancada, Frente Amplio Acción Popular, para discutir de forma separada estos dos artículos, la señal del canal de televisión del Congreso dejó, causalmente, de trasmitir.   

Ahora, se preparan actividades para lograr una iniciativa ciudadana que termine forzando al congreso a derogar estos dos artículos. Está por verse si este movimiento nacional y ciudadano tiene éxito. Por ahora, es un hecho que Chile podría perder en el inminente fallo bilateral en la Corte de La Haya, pero bien puede comprar Petroperú.

Algo así como si todavía siguiera ganando la guerra del Pacífico, al igual que en el pasado, no tanto por sus propios méritos, sino más por la conducta de la clase dirigente peruana.

CASO LÓPEZ MENESES A “EL VALOR DE LA VERDAD”

Una de las paradojas más notables del Perú neoliberal actual. Mientras buena parte de la población limeña miraba con ojos redondos el programa de Televisión “El valor de la verdad”, donde a cambio de grandes cantidades de dinero una ex modelo de playboy peruana contó al país sus amoríos con un famoso futbolista casado, se cumplieron varias semanas desde que fuera denunciado a la opinión pública el escándalo de una enorme custodia policial ilegal a Oscar López Meneses, un oscuro operador de la mafia dictatorial fujimontesinista, y no hay ni la más mínima información que aclare el grave caso.

Los contribuyentes peruanos, que simplemente parecen no tener derecho a saber cómo y por qué se gastaba de esa manera ilegal el dinero público para proteger casi con rango presidencial a un reconocido mafioso y corrupto, tienen en cambio la compensación de conocer con detalle toda la verdad de las escabrosas infidelidades de modelos playboy y futbolistas.

“El valor de la verdad” con las revelaciones intimas de la modelo playboy arrasa en audiencia y cobertura“noticiosa” por parte de los demás medios, la mayoría en manos de los mismos pocos dueños. Encima, con el valor agregado pedagógico que pretende entregar el conductor del programa, quien con pose de seriedad y voz impostada le dice en algún momento a la modelo playboy: “es muy sabio lo que dices”.

Habrá que pensarlo como un intento de aportar a la educación del país, declarada como “clave” por el presidente de la república en su discurso público, aunque en la práctica mantiene inamovible el presupuesto para ella en apenas el 3% del PBI, uno de los más bajos de toda la región. También mantiene al canal nacional del estado, que podría ser perfectamente una ventana de aire puro educativo y cultural, reducido al triste y tradicional papel de medio publicitario del gobierno de turno.

“El valor de la verdad” es en esencia la continuidad remozada y actualizada de la “prensa chicha” creada por la dictadura fujimontesinista y su versión televisiva: los talk shows de Laura Bozo, que trajeron la banalidad y la indignidad como mecanismos de producción y reproducción activa de des-ciudadanización de la población. Ciertamente, fueron y siguen siendo el subsistema cultural necesario, imprescindible para sostener en la cabeza de la población el andamiaje económico y político neoliberal construido por la dictadura y aceitado, perfeccionado y administrado hasta hoy por todos los gobiernos posteriores, con la muy breve excepción del gobierno de transición de Paniagua.

El mérito del “valor de la verdad”en este sistema de cosas es que mata dos pájaros de un tiro. Recoge el valor ético de la verdad, pero lo saca de cuestiones públicas incómodas como el caso López Meneses y lo lleva al terreno de las más bajas pasiones e indignidades humanas. Y, más importante aún, identifica y subordina la búsqueda de la verdad al valor supremo y rector del actual Perú neoliberal: la obtención a cualquier precio de ganancia material individual; el “dios dinero”, como lo acaba de llamar el Papa Francisco.

En el caso López Meneses, el Gobierno aparece asombrosamente impotente para imponer la pronta y transparente búsqueda de respuestas en lo que se supone son sus subordinados de la policía y el ejército, los cuales se han dedicado públicamente a echarse culpas y denuestos entre sí, oscureciendo aún más la verdad. Para colmo, la insólita propuesta oficial de investigar el delito, no ahora cuando ha ocurrido sino en la década del 90’ en que inicia su carrera el mafioso ilegalmente custodiado, no puede sino fortalecer las acusaciones y sospechas de turbias relaciones del propio gobierno con el mafioso y sus redes.

Entonces, ¿por qué no asumir con realismo la situación y en vez de mantener el triste espectáculo de un Congreso que no logra formar una comisión investigadora, entregar la investigación del caso a “el valor de la verdad”?

En cualquier caso, la población ya no podría quedar más ignorante y confundida sobre los hechos, de lo que lo está ahora; ya no podrían ser más oscuras y más impunes las relaciones del poder político en el Perú actual; y ya no podrían ser más débiles las instituciones del estado.

En otras palabras, no hay nada que perder y siempre se puede ganar un poco más de la monopólica, bien rentada y entretenida libertad de expresión al estilo del Perú neoliberal.