El viceministro de Relaciones Exteriores de
Perú, Fernando Rojas, acaba de anunciar públicamente en Panamá, en el marco de
una reunión con jóvenes de 25 países, que la Alianza del Pacífico, Tratado de
Libre Comercio que integran Perú, Chile, Colombia y México, “está contemplando
la posibilidad de que los emigrantes con intención
de radicarse en otro país puedan ejercer su profesión, que se reconozcan los
títulos profesionales recíprocamente, eso está en consideración para una
segunda etapa de desarrollo de la Alianza”.
Asombran en estas declaraciones
o el desconocimiento o el soslayo de un hecho grave. La existencia del Acuerdo
sobre Residencia para nacionales del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay), Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Tratado de integración regional
integral que garantiza el derecho de los nacionales de estos estados a contar
en otro de los estados con residencia y permisos para cualquier actividad lícita por dos años, tras
los cuales acceder a la residencia permanente, con el único requisito de ser
nacional y no contar con antecedentes penales. Y el incumplimiento por parte de
Chile, “aliado del Pacífico” de Perú, de este acuerdo para con los peruanos,
aunque el Perú sí lo cumple y aplica para los chilenos.
¿Cómo explicar este
desconocimiento o soslayo de un hecho tan grave? La respuesta puede encontrarse
en las propias declaraciones del funcionario peruano quien aclaró que la
finalidad última de estas y otras medidas “migratorias” de la Alianza son
textualmente “incentivar el turismo” y la “libre contratación”. En ellas asoma inequívocamente
el fundamento de las políticas migratorias selectivas y excluyentes, en las que
los derechos de las personas y el objetivo de la integración regional se ven subordinados
y reducidos unidimensionalmente a los intereses mercantiles de los grandes
negocios. Una visión estrecha y probadamente fracasada de políticas migratorias
y de estrategias de integración.
Mientras Chile viola el más
mínimo principio de reciprocidad internacional y un tratado legalmente adoptado,
perjudicando a cerca de 200 mil ciudadanos peruanos residentes en ese país, el
viceministro peruano presenta como un avance la promesa de que tal vez más
adelante puedan ejercer sus profesiones los migrantes de esos países. Sería
realmente cómico, sino fuera trágico el silenciamiento público de una violación
de derechos de cientos de miles de sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Ricardo
Jimenez A
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