El 24 de octubre de 2025, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo Rojas - congresista y candidato presidencial de la izquierda para las elecciones de abril próximo - a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso y dispone la inhabilitación para ejercer cargo público y la suspensión de derechos políticos por dos años adicionales a la pena. Aunque el fallo es de primera instancia, se ordenó su prisión efectiva inmediata, en el penal de Ancón I, a una hora en auto de Lima.
La condena es escandalosa hasta lo
surrealista. La misma exacta acusación había sido desechada y Bermejo absuelto
por falta de pruebas en dos procesos previos. Ahora, un juez públicamente
fujimorista (la derecha corrupta peruana) fue traído desde otra jurisdicción y
lo condenó, sin que aparecieran nuevos elementos sustantivos frente a los ya
valorados antes. La acusación se basa en informes de inteligencia, basados en
seguimientos a Bermejo entre 2008 y 2019, realizados sin orden judicial, que
además no aportaron ninguna evidencia material de delitos, solo la opinión de
“analistas” de estos servicios y supuestos “testimonios” de “colaboradores
eficaces”, delincuentes confesos que obtienen prebendas o sufren coerciones
para declarar en otros casos.
La sentencia descansa exclusivamente en
declaraciones de estos colaboradores eficaces, recogidas hace años sobre
supuestos contactos terroristas de Bermejo en el VRAEM (zona de selva,
narcotráfico y “remanentes” senderistas), sin ni la más mínima corroboración
independiente que despeje numerosas contradicciones ni eleve tales dichos al
estándar penal de certeza. Rechazadas dos veces en procesos anteriores, hoy se
les otorga un peso decisivo sin peritajes o evidencias materiales adicionales
concluyentes.
Numerosas personalidades, organizaciones y
gremios, han repudiado la condena y exigen la libertad de Bermejo. Entre ellos,
resulta significativo el general (en retiro) Wilson Barrantes - ex integrante
del cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) -, que ha
sostenido que el proceso contra Guillermo Bermejo se inscribe en una
“persecución política”, pues la imputación se apoya en declaraciones de
colaboradores eficaces y no en evidencias materiales concluyentes. Advierte
además que años de pesquisas no habrían generado pruebas directas y que el peso
otorgado a dichos testimonios abre un grave precedente para el debido proceso.
Ciertamente, la condena a Bermejo
constituye un precedente preocupante en materia de persecución política y de
garantías procesales, en un país signado por la debilidad y crisis institucional,
la corrupción y la criminalización y represión de los opositores.
En el Perú, el “terruqueo” se ha
consolidado como una práctica de lawfare - uso político del aparato judicial y
mediático para neutralizar adversarios - al instrumentalizar la acusación de
vínculos con el terrorismo como herramienta de deslegitimación y persecución
simbólica. Este mecanismo no busca probar delitos, sino destruir reputaciones,
marginar voces disidentes y justificar medidas represivas o judiciales bajo la
retórica de la “seguridad nacional”. Diversos analistas han señalado que el
“terruqueo” combina discursos mediáticos estigmatizantes, procesos judiciales
selectivos y presiones institucionales que erosionan derechos fundamentales,
trasladando el debate político al terreno penal y produciendo una forma
contemporánea de criminalización del pensamiento crítico o de la protesta
social.
Guillermo Bermejo se ha convertido en
objetivo de lawfare porque es candidato presidencial y una de las figuras que
impulsa la unidad de fuerzas progresistas rumbo a las elecciones generales del
12 de abril de 2026. No por casualidad, su condena llega a pocos días de que el
Tribunal Constitucional archivara el “caso Cócteles” de Keiko Fujimori, también
candidata, de la derecha fujimorista. En un fallo igual de escandaloso, aunque
por razones inversas, pues las evidencias materiales de los delitos de Fujimori
eran incontestables.
De hecho, se están usando decisiones
judiciales para ordenar la oferta electoral - inhabilitando o validando postulaciones
- y así “ganar” la contienda antes de que vote la ciudadanía, no vaya a ser que
vuelva a votar por alguien que no es del gusto de los dueños del Perú.
La defensa de Bermejo ejercerá solicitud
de nulidad a la Corte Suprema, lo que puede tomar meses. Mientras, la
solidaridad nacional e internacional es clave para impedir que en Perú se siga
erosionando la escasa legitimidad e institucionalidad democrática que queda.
Ricardo Jiménez A.

